La senadora por el Distrito de Arecibo, Elizabeth Rosa, presentó recientemente la RS 68, que le ordena a las Comisiones de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez, y de Educación, Turismo y Cultura a conducir una investigación exhaustiva sobre el cumplimiento de las Leyes existentes que cobijan a la comunidad sorda en Puerto Rico.
“La lamentable historia de la señora Janet Viera Grau (QEPD) nos demuestra que, a pesar de los grandes avances médicos, audiológicos, técnicos y educativos, muchos niños sordos dejan la escuela sin contar con las herramientas necesarias para una vida social y comunitaria. La comunicación para participar en la sociedad, ya sea mediante la enseñanza del lenguaje de señas u oral, es necesaria para permitir una integración y participación más efectiva en su entorno. Por esto, se hace meritorio que esta Asamblea Legislativa investigue y conozca el cumplimiento de todas las leyes y reglamentos que existen en el Gobierno para garantizar el acceso de esta comunidad a los servicios públicos”, enfatizó la senadora Rosa.
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Se estima que la población sorda de la isla es de aproximadamente 218 mil personas, lo que equivale a que un 6.83% de la población de la Isla padecen de alguna discapacidad auditiva.
La también trabajadora social clínica, añadió que “A través de los años, la comunidad sorda en Puerto Rico ha tenido dificultad con el acceso a los servicios públicos que disfrutamos todos. Desde principios de la década de los noventa, se han adoptado una serie de iniciativas legislativas que, aunque no resultan del todo suficientes, sirven para levantar cierta conciencia en beneficio de la población con discapacidades auditivas. Sin embargo, el problema parece ser en el cumplimiento con las políticas públicas por parte de las propias agencias del Gobierno de Puerto Rico”.
Es precisamente de esa preocupación que surge la iniciativa de la Senadora arecibeña por conocer el nivel de cumplimiento y ver cómo se puede forzar el mismo. Rosa Vélez expresó que “ha llegado el momento de reflexionar si la legislación se está cumpliendo y si la misma realmente protege los derechos de la comunidad sorda en general”.
En la opinión de la también Trabajadora Social, se debe trabajar con la comunidad sorda desde una perspectiva individual-psicológica para promover la igualdad de oportunidades. “Reconocemos que en el Gobierno hay un problema de cumplimiento y rendición de cuentas y tenemos que movernos a cumplir con las leyes y que los entes gubernamentales se adapten a las necesidades de la comunidad sorda en general y no a la inversa”, finalizó diciendo.
