La familia de Jaideliz Moreno Ventura, quien murió hace un año en las instalaciones médicas provisionales que se mantienen en Vieques luego del huracán María, demandó al Gobierno de Puerto Rico y al exsecretario de Salud Rafael Rodríguez Mercado por violación de derechos humanos y derechos civiles al no garantizar los servicios adecuados para atender la emergencia médica que le costó la vida a la adolescente de 13 años.
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En la demanda, presentada en el Tribunal de Primera Instancia, en San Juan, los padres, los abuelos y la tía de Jaideliz, reclaman, principalmente, “que se decrete inconstitucional y contrario a los derechos humanos el abandono de la salud pública en Vieques”.
También están demandados los médicos que atendieron a Jaideliz el 12 de enero de 2020, por impericia médica, y la administradora del Centro de Salud Familiar Susana Centeno, la única instalación médica en Vieques, a donde fue llevada de emergencia y donde murió cinco horas más tarde. Desde que el huracán María dejó inservible el edificio donde operaba el centro de salud en septiembre de 2017, los servicios se ofrecieron primero bajo unas carpas y luego se movieron al refugio del municipio, donde ya llevan tres años.
“Jaideliz y sus familiares reclaman, más que todo, que su muerte no sea en vano, sino que aporte al reclamo del pueblo de Vieques por justicia en cuanto al derecho a servicios de
salud, libre de discrimen por su condición de isla separada de la isla grande de Puerto Rico”, lee la demanda.
Además, piden al tribunal que los demandados paguen por el valor de un futuro económicamente productivo tronchado, estimado en ingresos vitalicios de no menos de $2 millones, así como por gastos fúnebres, gastos médicos, y por la pérdida de ingresos que les provocó tener que lidiar con el trauma de la muerte de la adolescente y la angustia que ésta sufrió durante las cinco horas en que buscó servicios médicos adecuados antes de fallecer en el hospital provisional.
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Historial de abandono y discrimen contra Vieques
La demanda busca adjudicar responsabilidad al Gobierno de Puerto Rico por décadas de abandono de sus servicios de salud, incluso antes de la salida de la Marina de Guerra de Estados Unidos, en 2003.
Cuando el huracán María destruyó las instalaciones del hospital, los servicios se ofrecieron inicialmente bajo carpas en el estacionamiento de la instalación. Luego, se movieron al único refugio de Vieques. Allí, “ni provee los servicios médicos adecuados, ni puede cumplir con las necesidades de un refugio en caso de huracanes, terremotos, maremotos y otros desastres”, resalta la demanda.
Según informó en febrero de 2019 el exdirector de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), Omar Marrero, la reconstrucción del hospital de Vieques era el primer proyecto en la lista de obras permanentes que se iban a financiar por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) bajo los Procedimientos Alternativos de su programa de Asistencia Pública, bajo la Sección 428 de la Ley Stafford.
Sin embargo, no fue hasta una semana después de la muerte de Jaideliz y de múltiples protestas, luego de un largo proceso burocrático entre FEMA y el Gobierno de Puerto Rico, que la agencia federal obligó el dinero para la obra, $39.5 millones.
Pero esto fue en enero del 2020, hace un año, y la construcción del hospital aún no ha comenzado.
La demanda señala que el exsecretario de Salud, Rodríguez Mercado, nombrado por el exgobernador Ricardo Rosselló, no actuó para remediar la crisis de salud en Vieques que se agravó con los daños por María, sino que, aun después de la muerte de Jaideliz, delegó el deber del Gobierno de proteger la salud del pueblo a entidades benéficas y entidades de ayuda de emergencia.
También señala que, bajo su incumbencia, no se realizaron las inspecciones y monitoreos por parte de la Secretaría Auxiliar para Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud (Sarafs), “resultando en la ausencia de licencias y un director médico durante el período entre septiembre de 2017 y el 12 de enero de 2020”.
La familia de Jaideliz hace responsable al Gobierno de Puerto Rico por el nombramiento de Rodríguez Mercado, sabiendo que no tuvo la intención de dedicarse a tiempo completo a la posición de Secretario de Salud y mantuvo al mismo tiempo su práctica privada, su puesto administrativo en el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, su carrera militar, y otras actividades.
“El abandono de Vieques por el ELA y sus empleados o agentes por más de dos años luego de la destrucción de su hospital representa una violación del derecho al acceso a servicios de la salud sin discrimen por su aislamiento y constituye una violación crasa, obvia y obstinada de los derechos civiles de los demandantes y todos los ciudadanos residentes de Vieques”, establece la demanda.
Reclaman, además, daños e impericia, de parte de los doctores que atendieron a Jaideliz el día de su muerte, así como de la administradora Dora María Berenguer, por inclumplir “con su deber de mantener una facilidad que cumpliera con las normas mínimas para la única facilidad médica disponible, con una sala de emergencia para una población privada de acceso a transportación terrestre o confiable a cualquier otra facilidad de salud. Lo hizo conociendo las condiciones precarias y la falta de equipo, medicamentos y condiciones adecuadas de la facilidad que administraba”.
Secuencia de negligencia que culminó en muerte
Según ha narrado anteriormente al CPI la mamá de Jaideliz, y se desprende del recurso legal, la niña se quejó de un fuerte dolor de cabeza a eso de las 6:20 a.m. del 12 de enero de 2020. Poco después, comenzó a temblar y se puso rígida. Con ayuda de sus hermanos y un vecino, la madre logró montarla en su carro y llevarla a la instalación médica provisional, que quedaba a unos 10 minutos de su casa.
En la demanda, se alega que el médico que la recibió, David Heal, es un contratista a tiempo parcial con el Departamento de Salud, y que el pediatra, Mario Paulino, tardó cerca de 45 minutos en llegar desde que fue avisado de la emergencia.
Añade que el récord médico no documenta el nivel de oxigenación, pulso, respiración y
ritmo cardiaco, y la familia de Jaideliz alega que el hospital provisional no tenía los equipos para monitorear los signos vitales.
Ante la necesidad de transportar a Jaideliz a la isla grande, se optó por utilizar la línea comercial de Vieques Air Link, a pesar de que el Departamento de Salud tenía contrato con Aeromed, cuyos helicópteros vienen con el equipo médico para responder a emergencias de salud. Además, puede aterrizar cerca de los hospitales, evitar otro traslado a una ambulancia terrestre y un viaje por carretera, y puede volar a menos altura para evitar agravar problemas de oxigenación.
Según trascendió en vistas públicas en la Cámara de Representantes, el doctor Paulino entabló comunicación con la ambulancia aérea Aeromed para trasladar a Jaideliz, pero luego canceló la solicitud porque entendió que esperar por los protocolos requeridos tomaría más tiempo. La demanda consigna la petición del servicio y luego, la cancelación de la solicitud.
Para el traslado en avión, tendrían que llevar a la paciente en ambulancia hasta el aeropuerto de Vieques y, una vez en la isla grande, moverse en otra ambulancia hasta el Hospital Universitario de Carolina.
Resalta el documento que los aviones de Vieques Air Link no cuentan con el equipo y personal médico para atender pacientes durante un vuelo, y dependen del personal que llegue del centro de salud en la isla municipio.
Ya cuando estaba en el avión, la condición de Jaideliz empeoró. No estaba respirando. De nuevo en la ambulancia en ruta hacia el centro de salud de Vieques, los paramédicos realizaron respiración cardiopulmonar (CPR, en inglés) y ventilación manual con el equipo del vehículo.
Por tres horas, el personal médico y familiares se alternaron en los esfuerzos de CPR y oxigenación manual.
“Justo antes del mediodía, el electrocardiograma mostró un trazado plano y se
suspendieron todos los esfuerzos por salvar a Jaideliz”.
El informe de autopsia, que lleva fecha del 24 de enero de 2020, según dice la demanda, identifica una hemorragia subaracnoidea, ruptura de aneurisma cerebral, edema cerebral y pulmonar como hallazgos principales. Los padres de Jaideliz no lo tuvieron hasta el 25 de noviembre de 2020, luego de solicitarlo en múltiples ocasiones.
Buscan justicia para todos los viequenses
Más allá de compensar a la familia por los daños, la demanda solicita un interdicto permanente que prohíba al Gobierno de Puerto Rico a autorizar que cualquier secretario o secretaria de Salud renuncie a la compensación propia a su puesto para dedicarse a la práctica privada de la medicina; a permitir que el centro de salud opere sin director médico o sin todas las licencias y permisos requeridos, y a operar el hospital provisional sin un complemento adecuado de equipos y medicamentos.
Reacciona el Gobernador
A preguntas del CPI sobre la posición del gobernador Pedro Pierluisi en torno a la demanda, la secretaria de Prensa, Sheila Angleró, respondió que “el Gobernador ha sido claro de que está comprometido con que Vieques tenga un centro de salud adecuado con los servicios que son esenciales y eso se hará realidad”.
Añadió que, al hablar con la familia de Jaideliz Moreno Ventura, el 15 de enero pasado, día en que asistió a la juramentación del nuevo alcalde de Vieques, Pierluisi les expresó que “tan lamentable situación nunca debió haber pasado”.
“Tanto el alcalde [José Corcino Acevedo], como el secretario de Salud [Carlos Mellado] y el Gobernador han dialogado sobre la necesidad médica en Vieques y están trabajando para atender la situación y que casos como los de esta joven no se vuelvan a repetir”.
La demanda “responde a este grito de los demandantes que pertenecen a un pueblo que resiste morir y resiste cualquier injusticia hasta vencerla”, lee el recurso legal, presentado por la abogada Linda Backiel.
Esta nota se publica en Metro gracias a una alianza con el Centro de Periodismo Investigativo. Puede acceder la versión original AQUÍ
