Alcaldes buscan frente común junto al gobernador para enfrentar recortes a municipios

La Junta Fiscal ordena, en su plan fiscal, que las transferencias a los municipios se terminen en 2024

Por Manuel Guillama Capella

Los líderes de las dos organizaciones que agrupan a los alcaldes del país cifraron sus esperanzas de detener los recortes en las transferencias del gobierno central a los municipios en la posibilidad de presentar un frente común del gobierno electo ante la Junta de Control Fiscal (JCF).

Ángel Pérez, presidente de la Federación de Alcaldes, y Luis Javier Hernández, su homólogo de la Asociación de Alcaldes, sostuvieron esta tarde una reunión con el gobernador Pedro Pierluisi, donde le presentaron un documento con los puntos de consenso entre ejecutivos azules y rojos, de forma que se convierta en la hoja de ruta para las relaciones entre municipios, gobierno central y JCF.

“Primero, es buscar la solución al asunto de la Ley 29 (estatuto revocado que eximía a los municipios de las aportaciones a los planes de salud y pensiones); segundo, paralizar cualquier gestión dirigida a quitarle recursos a los municipios, especialmente las que van dirigidas al fondo de equiparación, mientras buscamos soluciones para allegar fondos a los municipios, que van a ser por varias vías”, señaló Hernández, alcalde de Villalba.

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Entre esas iniciativas, el ejecutivo popular mencionó los fondos federales, tanto ordinarios como para atender desastres, así como dinero estatal que permita a los municipios continuar llevando a cabo tareas que, en principio, le corresponden al gobierno central.

“Funciones que puedan ser transferidas a los municipios, con el dinero, como el mantenimiento de carreteras estatales, entre otros asuntos, como las escuelas”, ejemplificó Pérez, en entrevista por separado. Pérez subrayó que Pierluisi evaluará el documento elaborado en conjunto por los alcaldes federados y asociados, con la expectativa de que todas las partes lo firmen tan pronto como la semana entrante.

El ejecutivo municipal guaynabeño manifestó que el asunto presupuestario encabeza el listado de preocupaciones de los alcaldes alrededor de la isla, señalando que muchos pueblos enfrentan dificultades para cumplir con el pago de nómina.

La JCF, en el plan fiscal certificado, sostiene que las transferencias del gobierno central a los municipios deberán reducirse de $132 millones a $88 millones para el año fiscal 2022. En los años fiscales 2023 y 2024, la cifra se reduciría a $44 millones, antes de quedar en cero para el 2025.

Previo a la imposición de la JCF, las transferencias rondaban los $370 millones anuales.

Pierluisi, públicamente, ha colocado un alto a los recortes a los municipios entre sus prioridades al tratar con la JCF.

“La Junta ha demostrado, y lo hemos visto en algunas de las acciones, que están bien conscientes de lo que pasa en el país ante los huracanes, terremotos, ahora la pandemia, así que estoy confiado que vamos a poder llegar a algunos consensos con la Junta de Supervisión Fiscal, Legislatura, Federación y Asociación y el gobernador. Entendemos que se deben estar dando esas alianzas y acuerdos”, expresó Pérez en entrevista con Metro.

Hernández puntualizó que los fondos que el gobierno central otorga a los municipios “no son regalos”, sino transferencias que ocurren en todas las jurisdicciones estadounidenses.

“Estamos en plena pandemia, los municipios tienen que seguir operando y brindando servicios. Mientras eso ocurre, te puedo decir que, como presidente de la Asociación, voy a seguir luchando con el legislativo y, si el ejecutivo está de acuerdo, también insertarlo para buscar fondos que puedan subsanar esa merma en ingresos. (Es importante que) el legislativo, que verifica el presupuesto y establece las prioridades de política pública se inserte, y ayude a que eso pueda ocurrir. Si se dan esos tres elementos creo que podemos ser más fuertes en el planteamiento”, expresó el alcalde popular.

Ambos líderes municipales, además, señalaron que Pierluisi se mostró comprometido con eliminar la burocracia que ha ralentizado los proyectos de recuperación con fondos provenientes de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y el Departamento federal de Vivienda.

“Lo que tiene que ver con CDBG-DR (subvenciones de desarrollo comunitario tras desastres) es ver cómo de alguna forma podemos lograr que haya más acuerdos de colaboración para que a los municipios les lleguen los fondos de manera directa. Es un tema que hemos discutido con el secretario designado del Departamento de la Vivienda, William Rodríguez, quien ya ha hecho varios compromisos con este servidor para presentarnos un plan que quite esa capa de burocracia y permita a los municipios comenzar a hacer proyectos”, manifestó Hernández.

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