El Gobierno de Puerto Rico comenzó a rescindir de los contratos previamente otorgados al contratista y activista político del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jerome Garffer, luego de que fuera acusado por un cargo de violencia doméstica, por lo que se le puso una fianza de $50,000, grillete y una orden de protección.
“La política pública de mi administración es de cero tolerancia a la violencia de género, por lo que comunicamos a las agencias en las que el Sr. Garffer tenía contratos a que rescindieran de los mismos. Estamos en una emergencia de violencia de género y seremos firmes en combatirla”, indicó el gobernador Pedro Pierluisi, en una declaraciones escritas emitidas por su secretaria de prensa.
PUBLICIDAD
Durante la tarde del domingo, el director ejecutivo de la Junta de Retiro del Gobierno, Luis Collazo Rodríguez, informó sobre la cancelación de los contratos con la firma The Garffer Group of Legal Advisors.
“Cónsono con la política pública de esta administración y a raíz de los recientes acontecimientos que involucran al licenciado, hemos rescindido sus servicios con nuestra agencia de manera inmediata”, expresó Collazo Rodríguez. El contrato otorgado por la JR a Garffer el 4 de enero de este año, era de $50 mil dólares con vigencia hasta el 30 de junio del 2021.
Asimismo, desde ayer quedaron sin efecto los contratos que mantenía el abogado y exdirector de finanzas del PNP con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Administración de Vivienda Pública (AVP), que habían sido renovado tras expirar el 31 de diciembre del 2020.
“La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados mantenía un contrato hasta junio del 2021 con la firma The Garffer Group, únicamente para casos de expropiación. Ante los recientes sucesos y como política pública de esta administración, estamos rescindiendo los servicios que dicha compañía ofrece a la AAA”, expresó la presidenta ejecutiva de la AAA, Doriel Pagán, en una comunicación escrita. El contrato en cuestión, otorgado por la AAA el 27 de agosto del pasado año, estaba establecido por $30,000.
“Ante los recientes sucesos y como política pública de esta administración, estamos rescindiendo el contrato que la compañía tiene con la AVP”, anunció, en un lenguaje virtualmente idéntico, el administrador de Vivienda Pública, Alejandro Salgado.
PUBLICIDAD
Luego de anunciarse las anulaciones de los tres contratos públicos, el abogado de Garffer, Mario Moczó, emitió unas declaraciones en las que reclamó la inocencia de su representado.
“Resulta lamentable el hecho de que el señor Jerome Garffer se ha convertido en víctima de prejuicios causados a base de una situación relacionada con un tema sumamente serio como lo es la violencia contra la mujer. En su momento y siguiendo los debidos canales, se demostrará la inocencia de Garffer. Bajo el amparo de evidencia, quedará expuesta la verdad, demostrándose así que en este caso no es el victimario, si no la víctima, siendo su persona el único agredido en el suceso. Es nuestro deber tener en cuenta todos los aspectos de situaciones como esta para evitar que un tema tan válido como lo es la violencia contra la mujer sea utilizado para otros fines”, sostuvo Moczó.
El pasado 31 de diciembre también expiraron otros contratos que Garffer mantenía con entidades públicas, sin que en el registro de la Oficina del Contralor conste que hubieran sido renovados. Entre ellos, se incluye un contrato con el Departamento de Corrección y Rehabilitación, así como otro con el municipio de Canóvanas.
Al día de hoy, al contratista de gobierno y exdirector de finanzas del PNP solo le quedarían vigentes dos contratos con Administración de Servicios Generales y uno con el municipio de Camuy. Desde el año 2017 hasta el 2020, la firma de Garffer ha tenido 39 contratos gubernamentales que le han generado $1,739,412.50, según el registro del Contralor de Puerto Rico.
