Mario Moczó, abogado del ex director de finanzas del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jerome Garffer, aseguró que su cliente es la víctima en el caso donde se le encontró causa para arresto por violación a la Ley 54.
En delaciones escritas, Moczó lamentó que su cliente se convirtiera en víctima de un tema tan serio “como lo es la violencia contra la mujer”.
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“En su momento y siguiendo los debidos canales, se demostrará la inocencia de Garffer. Bajo el amparo de evidencia, quedará expuesta la verdad, demostrándose así que en este caso no es el victimario, si no la víctima, siendo su persona el único agredido en el suceso”, indicó el abogado en declaraciones escritas. “Es nuestro deber tener en cuenta todos los aspectos de situaciones como esta para evitar que un tema tan válido como lo es la violencia contra la mujer sea utilizado para otros fines”, agregó
Moczó culminó el comunicado recalcando que Garffer es la víctima en esta situación y que así lo van a poder demostrar.
En el día de ayer, la jueza Keila M. Díaz Morales del Tribunal de Bayamón, determinó causa para arresto por violaciones a la Ley 54 y le impuso una fianza de $50,000 más el uso de un grillete electrónico. La violación fue al artículo 3.1 de la Ley 54.
Según el comunicado de Justicia, Garffer se le imputa maltrato físico y psicológico a la víctima con empujones e insultos. El informe de novedades de la Policía detalla que Garffer, de 47 años de edad, fue detenido por la Policía Municipal de Guaynabo en hechos ocurridos el pasado jueves frente al Mirador localizado en la carretera 835 en Guaynabo. Agrega el documento que la detención se dio luego de que Garffer fuera denunciado por la perjudicada de agredirla con sus manos.
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El abogado de profesión, ha incurrido en este tipo de comportamiento en ocasiones anteriores con otras parejas. En el 2020 fue detenido por un incidente con la misma pareja que ahora cuenta con una orden de protección, en el 2019 enfrentó un proceso por agredir físicamente a su ex esposa y en el 2009, Garffer también tuvo otro caso de violencia de género con una pareja en aquel momento y por ello estuvo en un programa de rehabilitación.
La vista preliminar será el 11 de febrero.
Debido a esta situación, tres oficinas del Gobierno han cancelado sus contratos con la empresa de Garffer.
