Los portavoces del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la Asamblea Legislativa, la senadora María de Lourdes Santiago Negrón y el representante Denis Márquez Lebrón, radicaron en ambas cámaras un proyecto de ley que busca eliminar en Puerto Rico la quema de carbón para generar energía en el 2022.
Las medidas legislativas buscan enmendar la Ley 33-2019, conocida como “Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico”; la ley 17-2019, conocida como la “Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico”; y la Ley 82-2010 conocida como “Ley de Política Pública de Diversificación Energética por Medio de la Energía Renovable Sostenible y Alterna en Puerto Rico”, a los fines de adelantar la eliminación del uso de carbón como fuente de generación de energía a partir del 1 de febrero de 2022.
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El PS 41 y el PC 172 señalan que la empresa AES fue multada por la Agencia de Protección Ambiental federal (EPA por sus siglas en inglés) por descargar, en varias ocasiones, contaminantes provenientes de las cenizas acumuladas en el patio de sus instalaciones, hacia los humedales cercanos. Según dijeron, estos incidentes habrían sido ocultados por la empresa.
Agregaron que estas cenizas “envenenaron” el acuífero del área de la planta con elementos tóxicos como el arsénico, cromo, selenio, litio y molibdeno. Entre el 2004 y el 2017, más de 2 millones de toneladas de desperdicios del carbón fueron enterrados en 14 municipios de diversas maneras.
“Entre 2010 y 2019, la cantidad de elementos tóxicos emitidos por AES aumentó un 346%, y la suma total de estos componentes peligrosos fue de 5,061,199.25 libras durante ese periodo”, explicó Víctor Alvarado Guzmán, Secretario de Asuntos Ambientales del PIP
“Desde que comenzó operaciones la AES, el 63% de esa contaminación emitida ha sido liberada al aire. Esto tiene un terrible impacto en el ambiente y la salud humana de las familias que viven cercanas a la planta de carbón”, añadió.
El líder ambiental sostuvo que la salud y la vida de los residentes de Guayama no resistirán 6 años más de quema de carbón.
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“Hay estudios e indicadores que demuestran una crisis de salud en las comunidades cercanas a la planta de carbón. Tenemos que comenzar el cierre de este inmenso foco de contaminación y envenenamiento tóxico llamado AES. En las manos de la nueva legislatura está la aprobación del PS 41 y el PC 172 para proteger la salud y la vida de nuestra gente”, manifestó Alvarado.
También fueron sometidas dos Resoluciones Conjuntas. Una de ellas es para ordenar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) realizar un inventario de todos los lugares en la isla donde se ha depositado cualquier tipo de residuos de la combustión de carbón (RCC). La otra es para ordenar al Departamento de Salud y a la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico que realicen un avalúo de las condiciones de salud de los residentes de las comunidades de Guayama cercanas a la planta de AES.
