La Comisión de Salud de la Cámara de Representantes realizó ayer una vista pública para atender reclamos de un grupo de enfermeros y enfermeras del sector público y privado que aún no han recibido el incentivo otorgado como ayuda económica durante la emergencia por la pandemia del COVID 19 en Puerto Rico.
“Al escuchar que hay más de 700 profesionales de la salud que al día de hoy, diciembre 14, no han recibido el incentivo que nosotros legislamos en el mes de marzo es frustrante. Tenemos que recordar que este es el personal que ha estado en primera línea de respuesta y batallando en diferentes hospitales”, reiteró el representante Juan Oscar Morales en comunicación escrita.
El también presidente de la Comisión de Salud indicó que recibió información que apuntaba a que cerca de 400 profesionales de la enfermería, activos en la primera línea de respuesta durante la emergencia, no habían recibido la ayuda económica autorizada por el gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal como parte de la Resolución Conjunta 23 del 2020 aprobada en la legislatura el pasado mes de marzo. Ante esta situación, se citaron funcionarios del Departamento de Salud, Hacienda, la Administración de Servicios Médicos (ASEM), Oficina Gerencia y Presupuesto (OGP).
También acudió a la audiencia Juan Figueroa García en representación de los terapistas respiratorios, quien denunció que entre 400 a 550 terapistas que ofrecen servicios profesionales a la ASEM, tampoco han recibido el incentivo.
A preguntas del presidente de la Comisión de Salud, el gerente fiscal del Departamento de Salud, Hugo Jiménez, dijo que faltan 192 empleados públicos del sector de la salud que no han recibido el incentivo. Aceptó que recibió una carta del Colegio de Profesionales de la Enfermería informando que más de 200 enfermeros y enfermeras del sector público y privado no recibieron la ayuda económica. Entre ellos 17 enfermeros que prestan servicios a la ASEM. Jiménez aseguró se buscarán los fondos necesarios con OGP y Hacienda para cumplir con los pagos antes de concluir el año.
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El representante Morales preguntó a los funcionarios de las agencias cuántos de estos profesionales están pendientes de recibir el incentivo a cinco meses de otorgar el mismo, a lo que respondieron no tener la información actualizada. Se le dio un término de días para suministrar la información a la comisión.
La secretaria auxiliar del Departamento de Hacienda, Jeira Belén Ortiz, indicó que la parte privada la corrían a través de la plataforma del Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI) y que emitían los pagos por información que certificaba las respectivas entidades privadas.
“En la reasignación de 157 millones de dólares fue que se distribuyó la cantidad para sector privado, pero otros empleados de primera línea fueron bajo la Resolución Conjunta 23 del 2020. La realidad es que OGP ni Hacienda tienen número al día de hoy de los que estarían pendiente de hacer el incentivo porque esos pagos se hacen a base de una certificación que se le solicitaba a estos empleados que tienen bajo su nómina o si dan servicios profesionales. Todo esto se hace a base de los números que proveen las entidades porque nosotros no tenemos el inventario ni sabemos cuáles son los empleados de las distintas categorías que tenían derecho al incentivo para recibirlo”, manifestó Belén Ortiz.
Funcionarios de la OGP y Hacienda dijeron que recibieron algunas solicitudes posteriores al 30 de junio de 2020 que no se pudieron atender porque perdieron la vigencia de algunas cuentas y que quedaron pendientes de que la Junta de Supervisión Fiscal extendiera el acceso del gobierno a esos fondos.
“Los fondos aprobados por la Junta y esta Asamblea Legislativa tuvieron vigencia hasta junio 30 de 2020”, indicó Zulma Canales López, directora asociada de asuntos fiscales de la OGP.