La gobernadora Wanda Vázquez Garced informó que estará convocando la Séptima Sesión Extraordinaria de la Asamblea Legislativa para este lunes, 7 de diciembre e incluirá varios proyectos de ley de administración, como los ya anunciados en los pasados días sobre feminicidios y trata humana, además de una medida para identificar peticiones presupuestarias para el cumplimiento con la política pública contra la violencia a las mujeres.
“Acorde con la Orden Ejecutiva 2020-078 para declarar servicio prioritario los servicios a favor de las mujeres, hoy anunciamos que estamos sometiendo varias medidas de administración que buscan legislar sobre problemas que afectan a las mujeres, y a la ciudadanía en general, como definir la trata humana en sus distintas modalidades y definir el feminicidio, así como asignar fondos para que las agencias de gobierno puedan atender la problemática de la violencia contra la mujer. Esperamos que las mismas sean atendidas y aprobadas por Cámara y Senado en esta próxima Sesión Extraordinaria”, manifestó la gobernadora.
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El proyecto de ley relacionado a trata humana, busca enmendar el Código Penal de Puerto Rico, derogando los Artículos 159 y 160 para sustituirlos por nuevos, a los fines de definir y tipificar la forma clara el delito de trata humana en sus distintas modalidades.
La medida establece que miles de personas son explotadas a diario con propósitos lucrativos, lo que se ha catalogado como esclavitud moderna. La trata humana es una actividad delictiva que atenta contra los derechos humanos más fundamentales de sus víctimas.
Los Informes sobre la Trata de Personas emitidos por el Departamento de Estado de Estados Unidos reiteran que las distintas modalidades de trata humana ocurren en los territorios insulares de Estados Unidos, que incluyen a Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Este indicó que el Código Penal de Puerto Rico no se había actualizado para reflejar leyes anti- tráfico modernas.
El Artículo 159 detallaría sobre “Trata Humana con fines de servidumbre involuntaria o esclavitud, y otros tipos de explotación” y el Artículo 160, sería “Trata Humana con fines de explotación sexual”.
Por otra parte, radicará un proyecto para enmendar la “Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto” para la identificación en las peticiones presupuestarias de una partida para el cumplimiento con la política pública contra la violencia a las mujeres, que incluya programas de prevención, orientación, protección y seguridad, entre otras.
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La Orden Ejecutiva 078-2020 incluyó un “Protocolo de acción para combatir la violencia hacia las mujeres”, que contiene las estrategias que implementará la Comisión Multisectorial contra la Violencia hacia la Mujer creada mediante dicha orden. Igualmente establece que, a partir del 1 de julio de 2021, cada agencia de gobierno tendrá la obligación de identificar en su presupuesto una partida específica en la cual solicitará la asignación de recursos para el cumplimiento con la política pública contra la violencia a las mujeres y tener disponibles los planes de ejecución de dicha política pública.
Las agencias deberán incluir programas de prevención, orientación, protección y seguridad, y se ordena a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) a fortalecer e institucionalizar las instancias a las que les corresponde tratar la violencia contra las mujeres y asegurar la sostenibilidad de la Comisión. En esa misma línea, la Orden Ejecutiva dispone que toda agencia que reciba fondos federales dirigidos al manejo de las situaciones de violencia contra las mujeres, tendrá un término de 90 días desde que recibió la notificación federal de la adjudicación de fondos para radicar la notificación de solicitud de propuestas, y luego 90 días para el análisis y otorgación de fondos a las entidades que sometieron propuestas.
Igualmente, la primera ejecutiva sometió la semana pasada el proyecto sobre feminicidio, que propone enmendar el Código Penal de Puerto Rico para incluir circunstancias adicionales bajo las cuales se entenderá cometido el asesinato en primer grado cuando la víctima es una mujer. Ordena además al Departamento de Justicia, al Negociado de la Policía de Puerto Rico y al Instituto de Ciencias Forenses a adoptar un protocolo de investigación de las muertes violentas de mujeres con el fin de ofrecer directrices para el desarrollo de una investigación penal eficaz.
Otra de las medidas de administración que se someterá es una enmienda al Código de Seguros de Puerto Rico, con el fin de dejar garantizado la totalidad de los ingresos necesarios para el aumento a los bomberos que fue aprobado bajo la Ley 181-2019.
La convocatoria también incluirá un proyecto para crear la “Ley para Incentivar la Recolección de Chatarra de Extrusiones de Aluminio y Promover una Nueva Industria de Reciclaje para Transformar la Chatarra en Materia Prima”, que pretende establecer la política pública en Puerto Rico en cuanto a la recolección, manejo y transformación de chatarra de aluminio en nuevos productos elaborados en la isla, así como reducir su disposición en los sistemas de relleno sanitario de Puerto Rico.
La primera ejecutiva también enviará una medida con el fin de asegurarle ingresos al Conservatorio de Música de Puerto Rico, a la Corporación de las Artes Musicales y a la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico. De esta forma queda establecida una fórmula estatutaria para asegurar una inversión en sus plantas físicas. Estas instituciones tienen como sede instalaciones cuya construcción o rehabilitación requirieron cuantiosas inversiones por parte del gobierno, y se deben mantener adecuadamente, no solo para evitar su deterioro, sino para poder fomentar las artes en nuestra isla.
Además de las medidas nuevas que envía la gobernadora en esta sesión, la convocatoria incluirá algunas medidas enviadas por La Fortaleza en la anterior sesión extraordinaria que no pudieron culminar su trámite antes del fin de la misma. Entra éstas se destacan el Proyecto de la Cámara 2592, para que en todos los contratos de servicios profesionales o consultivos otorgados por el gobierno se indique si existen personas naturales o jurídicas que sean parte o tengan algún interés directo, incluyendo a través de afiliadas o subsidiarias, en las ganancias o beneficios producto del contrato, por razón de cualquier acuerdo verbal o escrito de subcontratación, intermediación o ganancias compartidas; y para que toda persona que otorgue un contrato con alguna entidad gubernamental, y que, a su vez, celebre otro de igual naturaleza y objeto con una tercera persona a modo de subcontrato, tenga la obligación de inscribir y presentar copia del subcontrato en la Oficina del Contralor y en la agencia pertinente.
De igual manera se incluirá el Proyecto del Senado 1664, para establecer la “Nueva Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico”, a los fines de crear la nueva política pública en cuanto a la reglamentación de la seguridad marítima, las prácticas recreativas acuáticas y marítimas y deportes relacionados, y la protección de los recursos naturales y ambientales expuestos en estas prácticas.
También se incluyeron medidas solicitadas por los presidentes de ambos cuerpos legislativos, Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez.
