La directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, Natalie Jaresko, anunció hoy que el gobierno de Puerto Rico no implementará las leyes sobre retiro incentivado hasta tanto lleguen a un acuerdo con la administración gubernamental en torno al impacto fiscal de estas medidas.
“El gobierno no implementará las leyes de retiro hasta tanto lleguen a un acuerdo con la Junta”, dijo Jaresko luego de leer una carta que envió Omar Marrero, director ejecutivo de Aafaf al ente fiscal. La directora ejecutiva indicó que las leyes no cumplen con el Plan Fiscal aprobado para el gobierno y constituyen medidas que podrían conducir nuevamente a un proceso de quiebra.
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Jaresko explicó que el gobierno, al momento, no ha mostrado datos ni cifras que demuestren que estas leyes se traducen en ahorros o que son neutrales. En cambio, sostuvo —durante su alocución en el cónclave— que las medidas 80, 81 y 82 podrían costarle al gobierno de Puerto Rico unos $8,300 millones.
La ley 80 de 2020, establece un programa de retiro para que empleados públicos elegibles puedan retirarse antes de la edad establecida, mientras que la Ley 81 procura devolverles a los policías, bomberos, oficiales de custodia y sus familiares una pensión vitalicia a aquellos miembros de estos cuerpos de seguridad que tengan 30 años o más de servicio.
La ley 82 tiene como fin establecer que los participantes del Sistema de Retiro para Maestros, puedan autorizar que se les destine el balance y/o exceso preexistente de la licencia por enfermedad a su Sistema de Retiro para que cotice como tiempo trabajado, luego de haber utilizado la totalidad del balance disponible de la licencia de vacaciones para estos fines.
Jaresko, además, mencionó que la Ley 80, le permite al gobierno cubrir las plazas que hayan sido desocupadas por empleados que se acogieron al retiro incentivado, por lo que la medida no garantiza ahorros significativos al fisco. Agregó que estas leyes podrían obstaculizar que el gobierno reciba fondos federales, especialmente en agencias donde las plazas sean costeadas mediante estos fondos como el Departamento de la Familia.
Jaresko, a preguntas de Metro, no quiso anticipar qué aspectos de estas leyes estarían dispuestos a conceder durante las negociaciones con el gobierno. La directora ejecutiva reiteró que el gobierno de la isla deberá demostrar que las tres leyes no representan un incremento en el gasto público.
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Sin embargo, tampoco quiso adelantar si la Junta podría impugnar las leyes en los tribunales, en caso de que el gobierno de Puerto Rico insista en la implementación de las medidas.
“No hemos tomado una decisión y hemos pospuesto cualquier acción legal hasta que alcancemos un acuerdo sobre cómo estas leyes pueden ser consistentes con el Plan Fiscal”, añadió.
Justin Peterson, nuevo integrante de la Junta, respaldó a Jaresko y aseguró que no se puede aumentar el gasto público sin reducciones en otras áreas.
Jaresko, por su parte, expuso que las leyes representan una “repetición de los errores que llevó al gobierno de Puerto Rico a un proceso de quiebra”. Durante su presentación ante el ente fiscal, Jaresko indicó que el gobierno de la isla no debe continuar prometiendo beneficios a empleados públicos que no pueden cumplir.
