Una corte federal de apelaciones ha permitido la restitución de una norma del gobierno del presidente Donald Trump para negar las tarjetas de residencia a inmigrantes que recurran a prestaciones públicas como cupones de alimentos mientras analiza el caso.
Este fallo, emitido el día de los comicios, fue el giro vertiginoso más reciente en una batalla legal en torno a la controvertida disposición que, a decir del gobierno de Trump, contribuye a garantizar la llegada de personas autosuficientes al país.
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El lunes, el juez federal Gary Feinerman, en Chicago, derogó la medida y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS por sus siglas en inglés) dejó de aplicarla a las solicitudes pendientes. Abogados del gobierno impugnaron, y la Corte de Apelaciones del 7mo Circuito suspendió el fallo al día siguiente, permitiendo que las restricciones se aplicaran nuevamente.
Matthew Bourke, portavoz del USCIS, señaló el miércoles que la agencia volvería a aplicar de inmediato la norma a los casos pendientes, pero sin “readjudicar ninguna solicitud o petición que hubiese sido aprobada” con base en la decisión del lunes.
De acuerdo con la disposición del gobierno de Trump, las autoridades pueden denegarles la residencia permanente a inmigrantes legales si utilizan cupones de alimentos, el servicio de salud Medicaid u otras prestaciones públicas. Los solicitantes de tarjetas de residencia deben demostrar que no serán una carga para el país ni “cargas públicas”.
Defensores de los derechos de los inmigrantes consideran que se trata de una “prueba de riqueza”, mientras que expertos de salud pública dijeron que derivará en peores condiciones de salud y mayores costos debido a que los inmigrantes de bajos ingresos se verán ante la disyuntiva de elegir entre los servicios que necesitan y su intento de permanecer legalmente en el país.
La Coalición de Illinois para los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados (ICIRR, por sus siglas en inglés) y el condado Cook incoaron la demanda en Chicago y planeaban presentar este mes sus argumentos ante la corte de apelaciones.
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“No es sorpresa que el equipo de Trump esté intentando retirar las barreras que no permitirían la aplicación de su definición ilegal de carga pública, incluso después de las veloces respuestas de los tribunales esta semana”, dijo el miércoles en un comunicado la fiscal estatal del condado Cook, Kim Foxx, cuya oficina presentó argumentos en el caso. “Confío en que la ley prevalecerá aquí y que los inmigrantes en todo Estados Unidos serán tratados con justicia como seres humanos mientras esto se define en el proceso de apelación”.
El demócrata Joe Biden ha prometido poner fin a la política si es elegido presidente.
En enero, la Corte Suprema federal revocó una suspensión de la norma después de que se incoaron demandas. Sin embargo, un juez federal en Nueva York suspendió su aplicación debido a la pandemia de coronavirus. Para septiembre, la Corte de Apelaciones del 2do Circuito había anulado esa suspensión y la normativa entró en vigor a nivel nacional.
