La Oficina del Contralor Electoral (OCE) archivó la querella que pesaba contra el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y el comité de gastos independientes creado por el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT), en la que se alegaba una coordinación entre los respectivos comités, algo prohibido por las normas que regulan el financiamiento de campañas políticas.
En la determinación del contralor electoral, Walter Vélez, se indica que “los hechos alegados en la Querella no constituyen base para que la OCE de paso a la misma. Aun si los hechos le constaran de propio y personal conocimiento al querellante, estos no presentan una posible violación a la Ley 222 (de Financiamiento de Campañas) por coordinación de gastos que constituyan donativos en exceso de los permitidos a favor del MVC por parte del Comité SPT”.
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Según Vélez, de la querella que presentó el abogado Ángel García Prado no se desprende que se haya “incurrido, producido o distribuido” en algún gasto “a petición, sugerencia o común acuerdo entre el MVC y el Comité SPT.
“Tampoco surge de la Querella que el querellante haya alegado hechos que le consten de propio y personal conocimiento que tiendan a demostrar que el contenido, momento, lugar, modo o frecuencia de un gasto específico fue acordado entre el MVC y el Comité SPT. De hecho, aunque todas las alegaciones presentadas en la Querella le constaran al querellante de propio y personal conocimiento, estas no llenarían los requisitos establecidos en el Artículo 2.004 (35) (e) de la Ley 222”, añadió Vélez en su determinación.
Entre los argumentos de García Prado se incluían que múltiples miembros del SPT figuran en la papeleta del MVC y que algunos candidatos han firmado acuerdos en los que se comprometen a defender los intereses de los trabajadores. Según el licenciado, los gastos de campaña del SPT deberían considerarse donativos a favor del MVC y, por ende, constituirían una violación a los topes establecidos.
Sin embargo, Vélez desechó la premisa, ya que “al no haberse encontrado evidencia o alegaciones que apunten a la realización de gastos coordinados, según la definición establecida en la Ley 222, entonces no es necesario analizar si hubo infracciones a los Artículos 5.001, 5.007 y 13.001 de la Ley 222”.
El contralor electoral, igualmente, descartó evaluar la premisa de que el uso de cuotas de unionados para financiar gastos de campaña política es ilegal.
“La OCE no tiene jurisdicción para atender las alegaciones del querellante que cuestionan el uso de los fondos provenientes de las cuotas pagadas por los empleados al SPT para realizar gastos con fines electorales, a través del Comité SPT, y el proceso por el cual se llegó a tal determinación. Por lo cual, tales alegaciones quedan desestimadas de plano”, expresó.
