Por segunda vez en dos meses, un panel de jueces federales bloqueó el jueves el intento del presidente Donald Trump de excluir a personas que residen ilegalmente en Estados Unidos del conteo usado en el proceso de distribución de las bancas legislativas por estado.
La decisión del panel de tres jueces en California fue más allá de la de un panel similar en Nueva York el mes pasado, al afirmar que la orden de Trump en julio no sólo era ilegal sino además violatoria de la Constitución. Los jueces en Nueva York pasaron por alto la constitucionalidad del decreto y solamente dijeron que era ilegal.
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“El texto de la Constitución, la historia de su redacción, 230 años de ejercicio histórico y la jurisprudencia en la Corte Suprema respaldan la conclusión de que la distribución debe hacerse sobre la base de todas las personas que residen en cada estado, incluyendo a los inmigrantes indocumentados”, escribieron los jueces en California.
El gobierno de Trump ha apelado la decisión de Nueva York ante el máximo tribunal, que acordó escuchar el caso el mes próximo.
Otras impugnaciones al decreto del mandatario están pendientes de resolución en Maryland, Massachusetts y el Distrito de Columbia.
El Departamento de Justicia, que está representando al gobierno de Trump, no respondió de inmediato a un correo electrónico el jueves para solicitarle comentarios.
El caso fue presentado ante un panel de tres jueces federales porque lidia con el asunto de cuántos escaños en la Cámara de Representantes recibe cada estado sobre la base de las cifras de población del censo que se realiza una vez cada 10 años. Cualquier apelación puede ir directamente a la Corte Suprema, sin necesidad de las cortes de apelaciones.
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Uno de los jueces en el panel, la jueza Lucy Koh, impidió en una causa distinta el mes pasado que el gobierno concluyese el censo al final de septiembre. Dijo que el conteo debía proseguir un mes más, hasta el final de octubre. Los abogados del Departamento de Justicia apelaron ante la Corte Suprema, que la semana pasada le permitió al gobierno poner fin al censo.
Durante argumentos este mes, los abogados del gobierno le dijeron a los jueces que cualquier impugnación a la orden de Trump era prematura y debería esperar hasta que las cifras de distribución de las bancas sean entregadas al final del año.
El Buró del Censo no ha dado a conocer aún su método para determinar el estatus de ciudadanía de cada residente en Estados Unidos, como se pide en otra orden emitida por Trump el año pasado luego de que la Corte Suprema rechazó la iniciativa del gobierno de añadir una pregunta sobre ciudadanía al censo del 2020. En una conferencia de prensa el miércoles, funcionarios del Buró del Censo se negaron a responder si implementar la orden sobre distribución era factible en estos momentos.
En la orden, Trump dijo que el permitir que las personas que se encuentran ilegalmente en el país sean contadas para la distribución socava los principios de la democracia representativa.
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