Populares alertan de riesgos por lentitud en el uso de fondos federales de reconstrucción

El candidato popular a la Cámara de Representantes por acumulación Gabriel López Arrieta denunció hoy que el ritmo al que el gobierno ha identificado proyectos elegibles para reconstrucción mediante fondos de desarrollo comunitario tras desastres (CDBG-DR) podría colocar en riesgo cerca de $10,000 millones en asignaciones federales a la isla.

Según López Arrieta, un exjefe de la Administración de Vivienda Pública, a tres años del paso de los huracanes Irma y María, el gobierno del Partido Nuevo Progresista ha “obligado” unos $3,200 millones de los más de $19,900 millones que el Congreso estadounidense asignó a la isla como parte de los programas CDBG-DR, que a nivel federal se ubican bajo el Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD).

El dinero “obligado”, como se le conoce en la jerga federal, se refiere a fondos cuyo uso específico ya ha sido identificado como parte de un plan de acción sometido por el gobierno y aprobado, en el caso de los programas CDBG-DR, por HUD.

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De esos $3,200 millones, en Puerto Rico apenas se han gastado $67.1 millones, lo que representa el 0.33% de lo que se ha asignado a la isla, denunció López Arrieta, citando datos de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3).

López Arrieta mencionó además que el Departamento de Vivienda no ha presentado su plan de acción para cerca de $10,200 millones en fondos CDBG-DR. Al momento, el gobierno se encuentra en proceso de elaboración de un plan de acción para la asignación de $8,300 millones en fondos que deben destinarse a proyectos de mitigación de riesgos ante fenómenos naturales.

De acuerdo con el candidato a representante, quien planteó que cerca de 95,000 familias esperan por la reconstrucción de sus hogares, los fondos CDBG-DR tienen una vigencia de seis años, por lo que de no obligarse antes de ese periodo se correría el riesgo de que fueran reasignados a otras jurisdicciones.

“Puerto Rico se tarda tanto en obligar y gastar esos fondos que y no se ve el impacto económico y es porque se pierden, porque los relocalizan. Nos tienen categorizados como una jurisdicción que gasta muy poco y obliga muy poco para esos fondos”, argumentó en una conferencia de prensa que realizó junto al candidato del Partido Popular Democrático a la comisaría residente, Aníbal Acevedo Vilá, y el senador Aníbal José Torres.

“Gastado solo hay 0.33%, que es lo más escandaloso. Pero incluso en términos de lo obligado, hay una cantidad sustancial que el gobierno de Estados Unidos dijo que son para proyectos de reconstrucción de vivienda y relacionados en Puerto Rico, y el gobierno de Puerto Rico no ha sido capaz de identificar los proyectos que podrían cualificar”, aseguró Acevedo Vilá, quien aprovechó para criticar la gestión de la comisionado residente Jenniffer González, su rival en los comicios del 3 de noviembre.

“Jenniffer González tiene que decirle al país qué ha hecho para que los dineros lleguen donde tienen que llegar, a la gente”, dijo el exgobernador.

Torres, por su parte, criticó que el manejo de los fondos de reconstrucción se centralizara en el Departamento de la Vivienda, en lugar de permitir que los municipios administraran el dinero en los casos en que fueran elegibles para ello.

“Ante los señalamientos que se le han hecho, la Asamblea Legislativa ha hecho caso omiso a todas las advertencias que se le han hecho de seguimiento, de supervisión y exigencia de resultados de fondos otorgados a través de estas partidas federales. Hace más de un año y medio se le envió una carta al presidente del Senado (Thomas Rivera Schatz) alterándole que el cambio en la política pública para no enviar estos fondos a los municipios y centralizarlos a través del Departamento de la Vivienda iba a tener los resultados que estamos viendo”, alegó el candidato a la reelección.

Los tres líderes populares, además, criticaron la aparente falta de comunicación entre González y la gobernadora Wanda Vázquez con miras a establecer una “estrategia conjunta” para asegurar la agilización del flujo de fondos federales.