Un especialista externo que inspeccionó un centro de detención para inmigrantes en Virginia en el que se registró un fuerte brote de coronavirus, recomendó la liberación de detenidos que corran mayor riesgo de enfermar gravemente después de encontrar deficiencias en las revisiones médicas del lugar.
La jueza federal Leonie Brinkema ordenó la inspección el mes pasado después de que varios detenidos interpusieran una demanda con ayuda de grupos activistas. Brinkema responsabilizó al complejo de detención en Farmville por un brote que afectó a más del 90% de los casi 300 detenidos, incluida una persona de 72 años que falleció. Funcionarios del gobierno intentaron infructuosamente bloquear la inspección.
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El experto, Homer Venters, inspeccionó el centro el mes pasado y presentó un informe que se difundió el viernes en el que señala que el lugar realiza una revisión deficiente a los detenidos en busca de síntomas de COVID-19. Recomendó que se libere a las personas que tengan mayor riesgo por la enfermedad.
El informe menciona “deficiencias múltiples y sistémicas” en los servicios de salud del complejo y concluye que estar detenido ahí “representa un peligro importante de salud para los pacientes de alto riesgo”.
El informe de un especialista contratado por el centro de detención arrojó distintas conclusiones. El experto William Reese dijo que el mayor problema que encontró fue que los detenidos se rehusaban utilizar mascarilla. Considerando su “falta de cooperación… es notable que la instalación no haya registrado nuevas pruebas positivas entre los detenidos en casi un mes”, escribió Reese.
En su reporte, Venters escribió que los detenidos ignoraron las recomendaciones del personal de usar mascarillas porque culparon a la instalación de que enfermaran en primer lugar. Los detenidos también le dijeron a Venters que consideraban innecesarias las mascarillas ya que casi todos en el lugar ya habían contraído el virus.
Venters encontró deficiencias en numerosos procedimientos en el centro. En particular, señaló que las labores de la instalación para detectar síntomas de COVID-19 entre los detenidos fueron insuficientes, ya que la gran mayoría de los internos dijo que nunca se les preguntó si tenían algún malestar durante la revisión diaria de temperatura.
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Como resultado, dijo Venters, es dudosa la aseveración del centro de que ningún detenido ha experimentado síntomas de COVID-19 desde julio.
También escribió que los internos que reportaban malestares a menudo tuvieron que aguardar varios días antes de ser evaluados por el personal médico, a pesar de las afirmaciones del centro de que todas las personas recluidas en el lugar son revisadas en menos de 24 horas a partir del momento en el que dan aviso.
“El ICE y la instalación causaron el brote por aceptar las transferencias de numerosas personas procedentes de lugares con casos activos de COVID-19, y no están considerando con seriedad el riesgo para la gente bajo su cuidado”, dijo Sirine Shebya, abogada del Proyecto Nacional de Inmigración del Gremio Nacional de Abogados, que representa a los demandantes. “Esto plantea preocupaciones importantes sobre los riesgos de salud actuales que enfrentan las personas detenidas en la instalación”.
En una audiencia previa, Brinkema criticó lo que describió como un “circo burocrático” por causar el brote, señalando que el centro infringió sus propios procedimientos al aceptar 74 transferencias desde instalaciones en estados de alto contagio como Florida y Arizona sin aplicar procedimientos de cuarentena.
Una portavoz del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (o ICE por sus siglas en inglés) declinó hacer declaraciones sobre el informe, señalando que el proceso judicial permanece abierto.
