La oficina del Contralor de Puerto Rico emitió una opinión sobre los contratos que se han otorgado en el Senado de Puerto Rico, desde el 2013 al 2018, ya que en un 47 por ciento de estos no cuentan con una descripción detallada y específica de los servicios ofrecidos por contratistas.
La opinión de la contralora sobre estas contrataciones es una cualificada de las operaciones fiscales del Senado de Puerto Rico relacionadas con los contratos de servicios profesionales y consultivos. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
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Además de la falta de descripción de los contratos, en el informe no se pudo localizar documento alguno relacionado con los trabajos realizados por los contratistas, ni el Senado pudo provee evidencia, en el 23% de las facturas evaluadas.
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Los servicios contratados estaban relacionados con asuntos laborales y federales, asesoría administrativa y de comunicación, entre otros. El Senado otorgó 1,899 contratos y 604 enmiendas del 2013 al 2018 por $42,413,901.
La auditoría de dos hallazgos señala que los servicios prestados por tres contratistas en la Oficina de Asuntos Gubernamentales de San Juan y Mayagüez, por $144,000, son funciones ya ofrecidas por empleados del Senado. Esta situación es contraria al Reglamento 8, Código de Ética y Parámetros para la Contratación de Servicios Profesionales y Consultivos del Senado de Puerto Rico de 2010. Además, una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría DA-12-80 del 20 de junio de 2012.
Este segundo informe del Senado de Puerto Rico, cubre el periodo del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2018, y está disponible en
