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El Tribunal Supremo acogió la petición de mandamus del representante popular Luis Vega Ramos y consolidó la demanda con otra que anteriormente había presentado un grupo de legisladores y aspirantes del Partido Popular Democrático en busca de detener la celebración de la consulta ‘estadidad sí o no’ el 3 de noviembre.
En la resolución se indica que Vega Ramos tendrá dos días para presentar sus alegatos, tras lo cual comenzará un término de 10 días para que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), como parte recurrida, presente sus argumentos.
La jueza asociada Anabelle Rodríguez emitió una expresión a la cual se unieron Ángel Colón Pérez y la jueza presidenta, Maite Oronoz, en la que hacen constar que hubieran declarado no ha lugar el recurso, ya que podría derivar en la revocación del precedente establecido en el caso Báez Galib vs. CEE, “el cual a nuestro juicio debe continuar rigiendo nuestro ordenamiento”.
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En el 2000, el entonces senador Eudaldo Báez Galib demandó exitosamente a la CEE para que se detuviera la implementación del voto presidencial, que había sido convertido en ley por el gobernador Pedro Rosselló. El Tribunal Supremo determinó que, por carecer de valor, el voto presidencial en Puerto Rico no cumplía un fin público y declaró inconstitucional el estatuto firmado en septiembre de ese año.
El plebiscito que legisló el Partido Nuevo Progresista, que se celebrará paralelo a las elecciones generales, tendrá un costo al erario de $3.5 millones, luego de que el Departamento de Justicia estadounidense descartara darle su aval, que hubiera llegado acompañado de $2.5 millones para una campaña educativa.
