Observar a Puerto Rico en las primeras décadas del siglo veintiuno es como presenciar la implosión de un edificio moderno cuya funcionalidad llegó a su fin. Hemos transitado de ser la vitrina de la democracia para la América Latina a ser un estado fallido. El estado colonial puertorriqueño y la clase política que lo regenta han evidenciado su incapacidad para garantizar los derechos democráticos del pueblo y la viabilidad de las instituciones públicas.
El desbarajuste del proceso primarista no es un simple acto de incompetencia. Este caos es la culminación de un colapso institucional, político y ético del gobierno, los partidos gobernantes y la clase política puertorriqueña. Tres décadas de alternancia partidista, de administraciones corruptas y abusos de poder, desembocaron en el julio de 2019, cuando el pueblo se lanzó a las calles y echó al gobernador corrupto de turno. La sucesión no fue exitosa y la sucesora del líder defenestrado probó ser tan corrupta como su predecesor.
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Lo que ha sucedido parece ser un intento de golpe de estado por medios institucionales. El partido de gobierno corre el país en función de sus intereses y conflictos internos, no de las necesidades apremiantes de una población abatida por desastres naturales y pobreza. Se reparten el dinero para la recuperación y las ayudas en contratos, empleos y sobornos, creando un gobierno paralelo gestionado por cuadros e inversionistas políticos.
Ante el colapso político y la quiebra económica sólo queda aferrarse al poder. Se legisla una reforma electoral y un referéndum intrascendente a última hora para amañar el proceso político. Se construyen castillos en el aire con promesas de ayudas que nunca se repartieron ni se repartirán.
La estocada final es el descarrilamiento del proceso político. Puede debatirse si fue por incompetencia o mendacidad, pero el resultado indiscutible del caos en las primarias es desestimular la participación electoral. El liderato del partido de gobierno sabe que es la maquinaria política mejor organizada del país. También sabe que la tendencia desde 2016 ha sido al realineamiento político y la desafiliación. Ningún partido tiene mayoría, pero el Partido Nuevo Progresista Cuenta con la minoría más grande. El cálculo político es que el PNP ganará con una mayoría plural, si se desestimula la participación y se diluye el voto de la oposición.
El problema es que en el proceso se destruyen las instituciones del país. La guerra interna del PNP entre el bando “Pierluisi” y el bando “Rivera Schatz/Wanda Vázquez” ha llegado al punto de destruir el último reducto de la institucionalidad democrática. Lo que enfrentamos desde las elecciones de 2016 es una crisis de legitimidad, una crisis de gobernanza. Ahora estamos frente al colapso de la democracia. A los procesos políticos no les gusta el caos. El vacío de poder favorece el golpismo, como ya vimos cuando Pedro Pierluisi asumió la gobernación al margen de la constitución en agosto de 2019.
Las consecuencias del caos son impredecibles y pueden fluctuar desde el reavivamiento de protestas y disturbios en las calles, hasta la intervención directa de Washington en la política puertorriqueña. Se avecinan tiempos difíciles.
