Un grupo de propietarios, operadores y gerentes generales de casinos hicieron un llamado a la gobernadora Wanda Vázquez para que les permita operar ante la amenaza que sobre esa industria representa el cierre dispuesto por la actual orden ejecutiva
“La decisión unilateral tomada el 16 de julio de cerrar los 16 casinos que operan en nuestra isla es, no sólo lamentable, sino una amenaza de muerte al sustento de miles de familias puertorriqueñas y la economía nacional, a la que contribuyó $145,840,223.00 en el año fiscal 2018-2019 – un incremento de 3.42% sobre el año fiscal anterior,” dijo Sigfrido de Jesús, gerente general de Casino del Mar en La Concha Resort, en un comunicado de prensa suscrito por representantes de todos los casinos de Puerto Rico.
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De Jesús señaló que los dueños, operadores, gerencia y empleados de la industria de casinos en Puerto Rico han implementado “protocolos rigurosos” de higiene ante la pandemia del COVID-19. Sostuvo que cada casino invirtió un promedio de sobre $125,000 en medidas de limpieza y desinfección, distanciamiento físico, consideraciones para empleados y clientes – además de un protocolo para responder a casos posibles de contagio. Destacó que la operación es sumamente regulada ya que cada casino cuenta con un Inspector de Juegos de Azar, parar asegurar que se cumplen con los protocolos y los reglamentos de esta industria.
“Solicitamos que se nos permita operar con todas las medidas de control y restricciones existentes, para poder continuar aportando a la economía del país y contribuir a su reactivación”, expresó De Jesús.
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“A pesar del gasto considerable, lo vimos como una inversión de responsabilidad social en la salud y seguridad de nuestros empleados, clientes y suplidores, lo que a su vez contribuye a la sostenibilidad de la industria. Sin embargo, desde el 16 de marzo, cuando comenzó la emergencia, sólo hemos podido operar dos semanas,” añadió por su parte Ismael Vega, gerente general del Casino Metro en el Sheraton Puerto Rico. Vega explicó que más allá del impacto en los 3,000 empleos directos, la paralización de la industria de casinos supone un efecto dominó devastador para industrias complementarias que brindan productos y servicios a los casinos y los 7,000 empleos que éstas a su vez generan. “El panorama se vislumbra aún más desolador ante la realidad de que todas estas personas que tuvieron que ser cesanteadas nuevamente, ya no son elegibles para beneficios adicionales de desempleo”, se indicó.
Por su parte, Miguel A. Vega, presidente y principal oficial ejecutivo de HI Development Puerto Rico y operador de 3 casinos, agregó que la orden de cierre impacta a la Universidad de Puerto Rico, la cual recibió en el pasado año fiscal $66,284,381 para su fondo operacional; a la Compañía de Turismo de Puerto Rico, que recibió $57,461,048; y al Fondo General de Puerto Rico, que recibió $22,094,794. En el caso de la Compañía de Turismo, Vega sostuvo que “se pone en peligro la capacidad operacional de una agencia que representa a la industria que por su parte es por derecho propio una fuente importante de actividad económica para Puerto Rico”.
En Puerto Rico existen 16 casinos: tres en San Juan y Ponce; dos en Mayagüez y Carolina; y uno en Aguadilla, Bayamón, Caguas, Guayanilla, Rio Grande y Manatí, respectivamente.
