La Junta de Control Fiscal (JCF) le advirtió a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) que considera que cuenta con los fondos necesarios para llevar a cabo los procesos electorales que se avecinan al tiempo que garantiza las medidas de seguridad necesarias en medio de la pandemia del Covid-19.
“La Junta de Supervisión está comprometida con apoyar unas elecciones justas, libres, abiertas y más seguras que nunca. Las elecciones son un pilar de la democracia y el plan fiscal certificado para Puerto Rico provee el financiamiento suficiente para que la Comisión Estatal de Elecciones pueda cumplir con su mandato, proteger la integridad del proceso electoral, y promover y facilitar a los residentes de Puerto Rico su derecho al voto de la manera más eficiente, aún bajo las circunstancias más difíciles”, sostuvo el ente en declaraciones escritas.
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La JCF, asimismo, puntualizó que el organismo electoral cuenta con acceso a los $2,200 millones asignados a Puerto Rico como parte la ley federal Cares. Según la JCF, los gastos incurridos en el desarrollo de protocolos de salubridad son elegibles a ser cubiertos mediante estas asignaciones.
“Muchos de los gobiernos en Estados Unidos y de otros países del mundo se han mantenido trabajando bajo condiciones tensas para mantener la integridad y la seguridad de un proceso eleccionario democrático durante la pandemia global del Covid-19. La Comisión Estatal de Elecciones debe redoblar sus esfuerzos para utilizar el financiamiento federal disponible de la manera más eficiente posible y así salvaguardar la salud de todos los votantes y el proceso en sí”, señaló la JCF.
Aunque la CEE solicitó $22.5 millones para realizar los comicios generales de noviembre, el presupuesto certificado por la JCF le asignó $9 millones. Esa petición no contemplaba el costo de una propuesta consulta para elevar el pago de las pensiones de los empleados públicos a rango constitucional, que fue estimado por el presidente de la CEE, Juan Dávila Rivera, en $3.5 millones. La celebración de ese referéndum forma parte de la agenda de la sesión extraordinaria que comenzó ayer.
El plebiscito de ‘estadidad sí o no’, en tanto, también tiene un costo de $3.5 millones. Si el Departamento federal de Justicia no avala la consulta y provee acceso a $2.5 millones en fondos federales, la CEE tendría que cubrir la totalidad del gasto.
