Junta Fiscal lanza advertencia ante reclamos de fondos de la CEE

El ente fiscal le recordó al organismo electoral que puede sufragar los protocolos de seguridad mediante los fondos de la Ley Cares

Por Metro Puerto Rico

La Junta de Control Fiscal (JCF) le advirtió a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) que considera que cuenta con los fondos necesarios para llevar a cabo los procesos electorales que se avecinan al tiempo que garantiza las medidas de seguridad necesarias en medio de la pandemia del Covid-19.

“La Junta de Supervisión está comprometida con apoyar unas elecciones justas, libres, abiertas y más seguras que nunca. Las elecciones son un pilar de la democracia y el plan fiscal certificado para Puerto Rico provee el financiamiento suficiente para que la Comisión Estatal de Elecciones pueda cumplir con su mandato, proteger la integridad del proceso electoral, y promover y facilitar a los residentes de Puerto Rico su derecho al voto de la manera más eficiente, aún bajo las circunstancias más difíciles”, sostuvo el ente en declaraciones escritas.

La JCF, asimismo, puntualizó que el organismo electoral cuenta con acceso a los $2,200 millones asignados a Puerto Rico como parte la ley federal Cares. Según la JCF, los gastos incurridos en el desarrollo de protocolos de salubridad son elegibles a ser cubiertos mediante estas asignaciones.

“Muchos de los gobiernos en Estados Unidos y de otros países del mundo se han mantenido trabajando bajo condiciones tensas para mantener la integridad y la seguridad de un proceso eleccionario democrático durante la pandemia global del Covid-19. La Comisión Estatal de Elecciones debe redoblar sus esfuerzos para utilizar el financiamiento federal disponible de la manera más eficiente posible y así salvaguardar la salud de todos los votantes y el proceso en sí”, señaló la JCF.

Aunque la CEE solicitó $22.5 millones para realizar los comicios generales de noviembre, el presupuesto certificado por la JCF le asignó $9 millones. Esa petición no contemplaba el costo de una propuesta consulta para elevar el pago de las pensiones de los empleados públicos a rango constitucional, que fue estimado por el presidente de la CEE, Juan Dávila Rivera, en $3.5 millones. La celebración de ese referéndum forma parte de la agenda de la sesión extraordinaria que comenzó ayer.

El plebiscito de ‘estadidad sí o no’, en tanto, también tiene un costo de $3.5 millones. Si el Departamento federal de Justicia no avala la consulta y provee acceso a $2.5 millones en fondos federales, la CEE tendría que cubrir la totalidad del gasto.

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