La Iglesia Católica utilizó una exención especial de las reglas federales para obtener al menos 1.400 millones de dólares en ayuda por la pandemia de coronavirus, financiada por los contribuyentes, y buena parte de ese dinero fue a diócesis que han pagado enormes cantidades o se han declarado en bancarrota debido a acusaciones de encubrimiento de abuso sexual sacerdotal.
La iglesia pudo haber recibido — e incluso superado — los 3.500 millones de dólares, convirtiendo a la institución religiosa global con más de 1.000 millones de fieles en todo el mundo, en uno de los máximos ganadores de las labores de ayuda contra la pandemia por parte del gobierno estadounidense, según reveló un análisis de The Associated Press de los datos federales difundidos esta semana.
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Por lo general, los templos de culto y las organizaciones de fe que promueven creencias religiosas no son elegibles para fondos de la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa de Estados Unidos. Sin embargo, a medida que la economía se desplomó y se disparó el número de desempleados, el Congreso permitió que los grupos religiosos y otras organizaciones no gubernamentales ingresaran al Programa de Protección del Pago de Sueldos (PPP por sus iniciales en inglés), un fondo de 659.000 millones de dólares creado para mantener activa a la economía y los trabajos de los estadounidenses.
Al promover agresivamente al programa y manejar los recursos para navegar por sus cambiantes reglas, diócesis, parroquias, seminarios y otros ministerios católicos han recibido hasta el momento las aprobación para 3.500 créditos condonables, descubrió la AP.
La arquidiócesis de Nueva York, por ejemplo, recibió 15 créditos por un valor de al menos 28 millones de dólares sólo para sus principales oficinas ejecutivas. La Catedral de San Patricio, sobre la Quinta Avenida de Nueva York, recibió aprobación para al menos 1 millón de dólares.
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Un crédito de al menos 2 millones de dólares fue a la diócesis de Wheeling-Charleston, Virginia Occidental, en donde una investigación de la iglesia reveló el año pasado que el entonces obispo Michael Bransfield desfalcó fondos y realizó insinuaciones sexuales a jóvenes sacerdotes.
El simple hecho de ser elegibles para créditos a bajos intereses era una nueva oportunidad. Pero la iglesia no habría recibido aprobación para tantos préstamos — que el gobierno condonará en caso de que se utilicen para el pago de salarios, alquileres y servicios públicos — sin haber tenido un segundo golpe de suerte.
Los grupos religiosos persuadieron al gobierno de Trump de exentarlos de una regla que, por lo general, descalifica a cualquier solicitante con más de 500 empleados. Sin este trato preferencial, muchas diócesis no habrían sido elegibles debido a que, entre oficinas, parroquias y demás, exceden el límite de 500 personas.
“Dicho favoritismo valió miles de millones de dólares”, dijo Micah Schwartzman, profesor de derecho de la Universidad de Virginia especializado en asuntos constitucionales y religión y que ha analizado el PPP.
El conteo de la AP de cuánto recibió la iglesia — entre 1.400 y 3.500 millones de dólares — está por debajo de la cifra real. La Conferencia de Manejo Fiscal Diocesana sondeó a sus miembros y reportó que alrededor de 9.000 entidades católicas recibieron créditos. Esa es una cifra casi tres veces superior a la de beneficiarios católicos que la AP pudo identificar.
La AP no pudo encontrar a más beneficiarios católicos debido a que los datos del gobierno, difundidos bajo presión del Congreso y de una demanda presentada por las organizaciones noticiosas, incluyendo a la AP, no identifica a los beneficiarios de préstamos menores a 150.000 dólares — una categoría en la que encajarían muchas de las iglesias más pequeñas. Y no se pudo dar una cantidad más precisa debido a que el gobierno únicamente difundió los rangos de los préstamos.
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