Pese a que el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, argumentó ayer en una vista de nombramiento que Carlos Rivera Santiago, nominado a la secretaría del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), no necesariamente fue abordado directamente por la defensa de la niña Alma Yariela Cruz Cruz para que, como procurador de menores, siguiera un proceso de mediación en el caso por agresión contra compañeras de clase que comenzó en 2016, Metro tuvo acceso a dos cartas en las que se revelan lo contrario.
El abogado Leo Aldridge, quien defendió a Alma Yariela hasta que el Departamento de Justicia retiró los cargos contra la menor en febrero de 2018, escribió a Rivera Santiago el 8 de abril de 2017 para solicitarle que “indague si en este caso se recurrió a esa disciplina escolar que usted menciona, o si el Departamento de Educación pretende utilizar el Tribunal de Menores como sustitutivo disciplinario, con todas las consecuencias que ello acarrea”. Aldridge hacía alusión a unas citas de Rivera Santiago reseñadas en la prensa en las que el entonces secretario auxiliar de Menores y Familias del Departamento de Justicia indicaba que, “como procurador de menores y como jefe de la oficina, entiendo que ese es el mecanismo”.
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“A mi juicio, lo que corresponde en justicia es la desestimación del caso por tratarse de una menor de 11 años imputada con conducta que, como usted bien reconoce, nunca debió haber llegado al tribunal”, prosiguió Aldridge en la misiva, al añadir que Carlos Alonso, procurador regional, le indicó que “las madres de las menores presuntamente perjudicadas se oponían (a la mediación) porque ‘querían sangre’”.
En la carta, el abogado también plantea que Alma Yariela, como estudiante de educación especial, no tenía la capacidad de “comunicarse efectivamente” para propósitos de su defensa y por lo tanto “se le violenta su derecho a un juicio justo y a contar con representación legal efectiva”.
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“La oficina que usted dirige se opuso a mi solicitud de que la niña fuera evaluada por el perito del Estado”, establece el escrito dirigido a Rivera Santiago, al tiempo que reitera el pedido de evaluación para poder determinar si Alma Yariela tenía la capacidad de entender los procesos a los que se le sometía.
Al ser interrogada por Rivera Schatz, Yomayra Cruz Lozada, madre de Alma Yariela, dijo que “nunca” ha visto o hablado con el ahora nominado al DTRH y que, aunque durante el proceso judicial se solicitó constantemente el recurso de mediación, no podía precisar si el pedido se le había hecho directamente a Rivera Santiago.
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La carta de Aldridge a Rivera Santiago recibió respuesta exactamente un mes después, el 8 de mayo de 2017.
En ella, Rivera Santiago reconoce que Aldridge solicitó mediación en su carta del 8 de abril y en un correo electrónico del 6 de mayo, pero sostuvo que la Ley 88 de 1986 “establece que, para poder darse la mediación, debe existir el consentimiento de todas las partes para que se efectúe el referido” y que, por lo tanto, se procedería con la adjudicación por los cinco cargos presentados, que incluían uno por agresión, dos por amenaza y dos por alteración a la paz.
De acuerdo con lo que trascendió públicamente al llevarse el proceso judicial, Alma Yariela agredió físicamente e insultó a otras dos compañeras de la escuela Modesto Rivera, en Carolina, que presuntamente mantenían un patrón de acoso y le dirigían epítetos racistas. El caso se mantuvo vivo hasta que la corte autorizó que la prensa tuviera acceso a los procedimientos, tras lo cual Justicia retiró los cargos.
En la carta al licenciado Aldridge, Rivera Santiago lo exhortó “a que se comunique con la Oficina de Menores de Carolina… para que solicite formalmente cualquiera de los procedimientos antes descritos de conformidad con la Ley”.
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Ayer, en la vista de nombramiento, Cruz Lozada y sus abogados, Marcos Rivera Ortiz y Maraliz Rivera Gutiérrez, se opusieron a la confirmación de Rivera Santiago, por entender que había tratado de manera insensible a Alma Yariela mientras el caso estuvo bajo su jurisdicción.
Cruz Lozada indicó que Rivera Santiago “no tuvo empatía” con su hija, mientras que Rivera Ortiz expresó que “no podemos poner a un racista a dirigir un departamento de este gobierno”.
Rivera Ortiz y Rivera Gutiérrez actualmente representan a Cruz Lozada en una demanda que presentó contra el Estado en abril de 2019.
La consideración del nombramiento de Rivera Santiago, quien hasta su nominación se desempeñaba como asesor de asuntos laborales de la gobernadora Wanda Vázquez, se pospuso indefinidamente, toda vez que Rivera Schatz le planteó a Héctor Martínez, presidente de la Comisión de Nombramientos, que quería que se citara para hoy a Aldridge y a Enid Vigo, madre de las estudiantes a las que Alma Yariela enfrentó.
Aldridge, sin embargo, dijo a Metro en la tarde de ayer que no había recibido una citación a la Comisión de Nombramientos.
“Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y lo vamos a hacer bien”, dijo Rivera Schatz en un aparte con la prensa, al restar a importancia a la prolongación del proceso de confirmación en momentos en que el DTRH se encuentra una crisis ante los cientos de miles de reclamaciones de desempleo que ha recibido como consecuencia de la pandemia del Covid-19.
El presidente senatorial incluso dejó abierta la posibilidad de que Rivera Santiago sea citado nuevamente antes de que el nombramiento baje a consideración del pleno.
