Como respuesta al escándalo de las compras en el Departamento de Salud mientras el país atravesaba la pandemia del Covid-19, la Cámara de Representantes dio paso a una medida que define como un agravante a los cargos de fraude relacionado con fondos públicos cuando estos se cometen durante un periodo de emergencia decretada por el gobernador o el presidente de Estados Unidos.
El proyecto del representante de mayoría José “Quiquito” Meléndez, además del Código Penal, enmienda el “Código Anticorrupción para el nuevo Puerto Rico” para prohibir, de forma permanente, que cualquier persona natural o corporación que haya sido convicta por delitos que involucren el mal uso de fondos públicos pueda volver a licitar o contratar con entidades gubernamentales.
Aunque el proyecto se aprobó por unanimidad, una enmienda presentada por el representante popular Luis Vega Ramos para que el agravante aplicara a funcionarios gubernamentales que violen alguna disposición de un toque de queda fue derrotada por la mayoría parlamentaria. Vega Ramos presentó hace unas semanas una querella por violación al toque de queda contra varios líderes del Partido Nuevo Progresista que participaron, el 17 de mayo, de una reunión del directorio de la colectividad en la además se inauguró la nueva sede de la Palma.
Por otro lado, la Cámara baja aprobó por unanimidad un proyecto que ordena al Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres asegurarse de que las agencias que operen almacenes con suministros realicen inventarios al menos dos veces al año. La medida, de la autoría de los representantes novoprogresistas que conforman la comisión especial que investiga la respuesta a los terremotos de principios de año, se aprueba en momentos en que el presidente de ese organismo, Gabriel Rodríguez Aguiló, espera por las transcripciones de la vistas para comenzar a redactar el informe.
La Cámara de Representantes, además, aprobó una resolución conjunta que allegaría $185 millones a los municipios como medida de emergencia ante la pandemia. Esta mañana la Junta de Control Fiscal publicó una carta en la que “prohibía” que la Asamblea Legislativa diera paso a esa erogación de fondos sin consulta previa con el organismo federal.
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En tanto, con la oposición de las minorías, la Cámara aprobó una enmienda senatorial al proyecto de plebiscito ‘estadidad sí o no’ el día de las elecciones generales. Si la gobernadora Wanda Vázquez firma la medida, la Comisión Estatal de Elecciones tendría 30 días para publicar la proclama sobre la celebración de la consulta.
La Ley 51-2020 establece que la proclama debe publicarse en dos periódicos de circulación general en Puerto Rico y uno en Estados Unidos.
Durante la sesión de esta tarde, la Cámara baja no consideró el nombramiento de Elmer Román, cuya confirmación está en duda particularmente por las alegaciones de Rodríguez Aguiló de que ocultó información a la comisión especial sobre la manera en que el gobierno central manejó la emergencia.