El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), afirmó que evaluarán la carta de la Junta de Control Fiscal (JCF), en la que solicitan una propuesta alternativa a la del incentivo de $500 a empleados privados y pensionados, a fin de utilizar los $349 millones para ayudar a poblaciones más vulnerables de la Isla.
Ayer el ente creado por la Ley Promesa envió una carta al Gobierno en la que aprobaba el uso de los $349 millones estatales, condicionado a que se prepare una nueva propuesta que incluya a Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) para la distribución de los fondos.
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“La gobernadora propuso un incentivo en el que le pudiésemos dar $500 a todo asalariado del sector privado y a los retirados. En ese sentido la Junta nos solicitó un estudio económico y cómo podíamos justificar esta ayuda. Nosotros le presentamos el estudio y básicamente señalábamos que aunque el asalariado y el retirado seguía recibiendo su cheque, tenía unos gastos incrementales porque muchos de ellos ahora tenían a la familia en la casa, o los gastos de las medicinas, por lo tanto se justificaba esa ayuda adicional”, expuso Marrero en la actualización del Task Force económico de WIPR.
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Sin embargo, la Junta solicitó que ese dinero que se había propuesto para el incentivo de $500 se distribuya a los sectores más vulnerables de la población, entre los que mencionaron a aquéllos que por lo regular no son elegibles para recibir desempleo, a los que los reembolsos de fondos federales no llegan con facilidad .
“Aunque reconocen que queremos ayudar a los vulnerables, entienden en ese sentido que debemos atender a una población que todavía es más vulnerable, que es esencialmente a esa población que no se encuentra en las ayudas, o no se encuentra recibiendo un cheque”, puntualizó Marrero.
A preguntas de la periodista Mayra Acevedo sobre cómo se encontrarán a las personas de esa población, si no se encuentran en los registros gubernamentales, Marrero expresó que para ese propósito la Junta recomendó hacerlo a través de organizaciones sin fines de lucro.
“Ellos nos recomiendan que canalicemos esas ayudas a través de entidades sin fines de lucro, cosa que estamos evaluando. Sin embargo, nosotros entendemos que hay una obligación, un deber ministerial del Gobierno en identificar esa población más vulnerable para entonces poder allegar esos recursos”, opinó el también Principal Oficial Financiero del Gobierno.
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