Durante el testimonio a puerta cerrada del dueño de Apex General Contractors, Robert Rodríguez, trascendió que un asesor de La Fortaleza, cuyo nombre no había salido a relucir previamente en la investigación de la Comisión cameral de Salud, participó en la cancelación de la compra por un millón de pruebas de Covid-19 que el gobierno adjudicó a favor de la empresa de construcción.
El presidente de la comisión, Juan Oscar Morales, dijo a la prensa tras la conclusión de la vista ejecutiva que Álex López Echegaray, un exasesor en el Senado que se mudó a La Fortaleza luego de que Wanda Vázquez se convirtiera en gobernadora, tuvo algún tipo de intervención en el proceso de dar por terminada la compra valorada en $38 millones.
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Además, Morales mencionó que en la cancelación también intervino una persona de nombre Willy Vega, a quien identificó únicamente como un empleado del Senado.
“Tuvieron conversaciones con estas personas”, mencionó Morales, en aparente referencia a Rodríguez y Juan Maldonado, quien representara legalmente a Apex en las negociaciones con el gobierno.
Morales destacó que Rodríguez fue responsivo durante el interrogatorio, abordando incluso las preguntas sobre la firma de una resolución corporativa que autorizó al empresario marítimo Aaron Vick a hacer negocios a nombre de Apex.
La semana pasada, Maldonado se acogió a la quinta enmienda cuando se le inquirió si esa enmienda a la resolución corporativa se hizo acorde a las disposiciones que regulan la práctica de la notaría en Puerto Rico.
El testimonio de Rodríguez “abona a la investigación. Nos ayuda a ver cómo fue que se dio el proceso de la compra de $38 millones”, dijo Morales sin querer entrar en mayores detalles sobre las declaraciones del empresario.
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Al preguntársele si a partir de las declaraciones de Rodríguez se puede concluir que Maldonado le mintió a la comisión, Morales señaló que “eso lo vamos a estar viendo en el informe que vamos a estar radicando”.
Testigo alega le falsificaron la firma
Metro supo que Rodríguez declaró que Maldonado falsificó su firma en el documento de resolución corporativa. Supuestamente, Maldonado le habría solicitado a Rodríguez copia de su firma y un cheque que aparece void para ayudarle con gestiones de otra línea de negocios que desarrollaba. El testigo relató que planificaba establecer una línea de producción de productos de higienización y que Maldonado le planteó que debía inscribirse en un registro de suplidores para el Negociado de Manejo de Emergencias y que él podía ayudarle. Es en esa gestión que supuestamente facilitó fotos de su firma al exdirector de ATM.
Según fuentes de este diario, Rodríguez testificó que no se percató que habían utilizado su firma para el contrato de las pruebas rápidas hasta el 26 de marzo. Aún así, no lo denunció. Más adelante, incluso se involucró en las gestiones bancarias para la transacción. Fue en una de las gestiones bancarias que alega sospechó algo andaba mal con la compra. Alegadamente existen mensajes de texto entre Rodríguez y Maldonado en los que el abogado celebra la transacción. Rodríguez negó que Maldonado fuese el abogado de APEX o su abogado para esta fallida gestión con el gobierno.
Rodríguez, a través de su abogado Juan Ramón Acevedo Cruz, solicitó esta mañana testificar a puerta cerrada. En una misiva entregada a la comisión, señaló que desde el 14 de abril se encuentra cooperando con agencias de ley y orden estatales y federales.
“En vista de esto, y para proteger la vida y la seguridad del señor Rodríguez López y su familia, solicitamos que dicha audiencia sea una ejecutiva, en privado”, lee una misiva que Rodríguez entregó a la comisión.
Se acerca un informe final
Morales señaló que se propone someter un informe que abarque toda la investigación relacionada con las compras de pruebas de Covid-19, una vez la comisión logre interrogar a Ricardo Vázquez, representante autorizado de la empresa 313 LLC. Vázquez estaba citado para hoy pero no compareció, luego de solicitar en el fin de semana que se le concediera una vista ejecutiva.
El presidente de la Comisión de Salud no descartó acudir a los tribunales para citar a Vázquez bajo pena de desacato.
El informe “vamos a comenzar a trabajarlo. Nos va a conllevar tiempo. No puedo dar una fecha de cuándo debe estar preparado pero sí puedo decir que lo vamos a comenzar a trabajar y eso requiere horas y horas de escuchar testimonio y ver prueba que tenemos en la comisión para entonces emitir este informe”, dijo Morales.
El 7 de mayo Morales sometió un informe parcial en el que refirió a cinco funcionarios y exfuncionarios a diversas autoridades estatales y federales.
El legislador ha anticipado que, una vez culmine esta etapa de la investigación, comenzaría otra fase que se enfocaría en la administración del Departamento de Salud previo a la emergencia del coronavirus.
Aiola Virella colaboró en esta historia.
