Los alcaldes de ambos partidos políticos esperan sostener una reunión el próximo viernes con la Junta de Control Fiscal (JCF) para atender los retos financieros de los municipios tras la eliminación de la Ley 29 que eximía a estos de sus obligaciones con el sistema de pensiones —también conocido como el Pay-Go— y con la Administración de Servicios de Salud (ASES).
Así lo informó la alcaldesa de Ponce, María ’Mayita’ Meléndez, tras una reunión que sostuvieron algunos ejecutivos municipales de la Federación de Alcaldes —ente que agrupa a alcaldes del Partido Nuevo Progresista (PNP)— con la gobernadora Wanda Vázquez y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz para evaluar alternativas que mitiguen el impacto fiscal que tendrá para los municipios asumir las cargas nuevamente de pensiones de los empleados públicos y al sistema de salud del gobierno.
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El pasado 15 de abril, la jueza federal Laura Taylor Swain invalidó la Ley 29 ya que dicha medida incumple con el plan fiscal del gobierno central y con la Ley Promesa.
“Hay alternativas. La gobernadora fue clara y el señor presidente del Senado también y entre las alternativas está la solución y recomendaciones que vamos a discutir el viernes con la Junta de Supervisión Fiscal”, señaló la ejecutiva municipal tras una conferencia de prensa de la gobernadora Wanda Vázquez donde convirtió en ley un proyecto que dispone celebrar una consulta de ’estadidad sí o no’ el próximo 3 de noviembre. El portavoz de la JCF, Edward Zayas, confirmó a Metro el cónclave que celebrarán el próximo viernes con ambos organismos de alcaldes.
Meléndez rechazó anticipar las soluciones que discutieron con la gobernadora y Rivera Schatz ya que tienen que ser discutidas primero con la Asociación de Alcaldes —organismo que agrupa a los ejecutivos municipales del Partido Popular Democrático—. Agregó que buscan concretar estas soluciones antes de que finalice la redacción del presupuesto para el próximo año fiscal. La reunión, según Meléndez, sería con el presidente del ente fiscal, José Carrión.
Tras la anulación de la ley 29, los municipios ahora le adeudan $66 millones al gobierno central. Con la Ley 29, el gobierno central asumió dichos pagos en lugar de los municipios. Los municipios deberá destinar un 3% de su presupuesto para saldar esta deuda.
