Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico alertó al Secretario del Departamento de la Familia sobre situaciones que ponen en riesgo la salud y seguridad de los trabajadores de esta agencia y solicitó el cese y desista de estas acciones.
En una comunicación escrita la unión también advirtió que de no tomar acciones afirmativas, no descartan tomar acciones legales contra la agencia.
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La unión denunció que en la Oficina Local de Río Grande algunos empleados se quejaron de que la Directora de la Región de Carolina, pretende tomar represalias contra el(la) empleado(a) que hizo una querella sobre un empleado de mantenimiento que salió positivo a COVID-19.
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“El protocolo para el manejo de la pandemia del Covid 19 establece la obligación del patrono de hacer pruebas a todos los empleados y áreas que pudieran haber estado en contacto con el personal contagiado y la protección mediante cuarentena a los individuos que salgan positivo a dicha prueba. Las acciones de esta directora regional son ilegales, discriminatorias y en represalia contra nuestros unionados por ellos ejercer su derecho y obligación a querellarse”, explicó Benjamín Borges, síndico de SPUPR- AFSCME.
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Los empleados de Río Grande tampoco recibieron instrucciones de guardar cuarentena, hacerse pruebas o de qué se haría una desinfección del centro, alegó la SPU.
También denunciaron situaciones en otros centros como las siguientes:
- En la Oficina de Vega Alta, tuvo acceso un cliente que acudió a solicitar servicios en persona. En ese centro, la ubicación de la computadora no permite el distanciamiento a menos de seis pies y no está claro la cantidad de empleados que están citando a dicha oficina a trabajar.
- Mientras, en la Oficina de Juana Díaz, se informó de un caso de una supervisora que salió enferma de la oficina y luego no se reportó a trabajar. Los empleados están preocupados ya que desconocen si están en riesgo de contagio.
- Los empleados de la Oficina de Maricao fueron convocados a trabajar en la oficina local de Sabana Grande, donde estarían en mayor riesgo de contagio por la cantidad de personal que allí labora. Ellos entienden que pueden manejar los casos desde Maricao y con menor riesgo.
- En la Oficina de Mayagüez citaron a los empleados a trabajar y al llegar se encontraron con que no tenían mascarillas, ni hand sanitizer y ni siquiera habían limpiado los baños desde el último día en que se usó dicha oficina.
- No se está cumpliendo con las medidas de distanciamiento social.
Aseguran los empleados trabajan aglomerados
La presidenta de UPETEC, Local 3234 de SPU en el Departamento de la Familia, Solimar Hernández señaló que “en Familia a pesar de contar con 350 computadoras no se han puesto a disposición del personal esencial y se ha requerido la asistencia de todos, provocando aglomeración de personas en espacios cerrados contrario a las recomendaciones de Departamento del Trabajo”
Por otro lado, la unión ha solicitado en varias ocasiones clarificación respecto a los empleados a quienes se les dio la opción de decidir reportarse o no a la oficina para evitar la aglomeración de empleados y que luego se les informa a quienes no se reportaron, que le descontarán los días de sueldo.
También se ha solicitado clarificación sobre el carácter esencial de las funciones de los empleados bajo la presente emergencia debido a ciertas inconsistencias.
Ante todas estas acciones, la unión solicitó la pronta intervención del Secretario ordenando el cese y desista de todas estas acciones en la agencia, ordene las pruebas de COVID-19 a los trabajadores de la Oficina de Río Grande, ponga al centro en cuarentena y desautorice a la directora regional a continuar con sus acciones de represalias.
SPU no descarta tomar acciones legales contra el Departamento de la Familia de estas situaciones continuar y así evitar que no expongan más a sus empleados a riesgos contra su salud y seguridad.