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Aprueban investigación proyecto "Atlantic Drive" en Río Grande

La resolución la sometió la legisladora María Milagros Charbonier Laureano

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La Cámara de Representantes aprobó una resolución de la presidenta de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, María Milagros Charbonier Laureano, con el objetivo de investigar el proceso de otorgación de permisos referente al proyecto denominado como “Atlantic Drive”, ubicado en Río Grande.

“Como representantes del pueblo en la Legislatura es nuestra responsabilidad velar por la conservación de nuestros valiosos recursos naturales. Y no tan solo es responsabilidad nuestra, sino también nuestros ciudadanos tienen la responsabilidad y obligación de contribuir a la conservación y mejoramiento de nuestro medio ambiente. Por lo tanto, toda persona responsable por la contaminación de nuestros suelos, aguas y atmósfera tiene la obligación de responder por los costos de descontaminación o restauración y, cuando procediere, compensar al pueblo de Puerto Rico por los daños causados. Es por ello que hemos ordenado esta investigación para asegurarnos que todo se realizó bajo el cumplimiento de las ley”, dijo la representante Charbonier Laureano en declaraciones escritas.

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Según la representante, el 6 de abril de 1982, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), denominó los terrenos donde actualmente se lleva a cabo el desarrollo de complejos de vivienda “Atlantic Drive”, como “Reserva Ecológica del Rio Espíritu Santo en Río Grande”. De acuerdo a la información que obra en nuestro poder, la mayoría de los suelos en el área de la Reserva son prácticamente llanos de muy poco relieve topográfico y se encuentran frecuentemente inundados durante la gran parte del año. Debido a esto y al gran valor ecológico de este lugar la comunidad científica entiende que la zona debería ser preservada como una reserva ecológica.

La Resolución de la Cámara 1500 ordena a la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales Asuntos y Ambientales de la Cámara de Representantes de Puerto Rico constatar que las agencias gubernamentales pertinentes hayan cumplido con toda la normativa reglamentaria y legal aplicable, y con todas aquellas medidas relacionadas a la protección del ambiente al momento de otorgarse los permisos.

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