Los representantes del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, Ramón Luis Cruz Burgos, Jesús Santa y Carlos Bianchi Angleró, radicarán una resolución para la creación de una comisión especial cuya función principal será la evaluación y fiscalización de los fondos asignados al gobierno de Puerto Rico para mitigar la crisis de COVID-19.
“Reconocemos que el gobierno de Puerto Rico enfrenta una crisis de credibilidad en Washington D.C., y más ahora, cuando investigamos el proceso de compra de las pruebas rápidas de COVID-19 a la compañía de construcción APEX General Contractors. La Asamblea Legislativa tiene la responsabilidad de asegurar la transparencia en los procesos del gobierno y garantizar que los $2.2 mil millones de ayuda directa asignados a través del CARES Act para enfrentar esta crisis de salud sean utilizados de la manera correcta”, manifestó Ortiz en declaraciones escritas.
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Asimismo, los legisladores explicaron que la comisión especial también evaluaría los protocolos de los bancos en Puerto Rico para asegurar que el proceso de solicitud de préstamos de la Administración de Pequeñas Empresas (SBS, por sus siglas en inglés) sea justo para todos los solicitantes.
“Según informes de SBA, hasta al 16 de abril, en Puerto Rico se habían aprobado solo 2,856 préstamos, sumando un total de $658,573,638. Lamentablemente, al momento la SBA no está aceptando nuevas solicitudes para el Programa de Protección de Pago por falta de fondos. El Programa de Protección de Nómina está destinado a sectores de la economía que ordinariamente han sido ignorados. Sin embargo, la limitada cantidad de solicitudes de préstamos en Puerto Rico al 16 de abril nos hace cuestionarnos si, en efecto, estos negocios se están beneficiando de los referidos préstamos. Por esto, es necesario que se evalúen los protocolos de los bancos en la isla para asegurarnos de que el proceso sea uno justo para todos los pequeños y medianos comerciantes”, explicó Cruz Burgos.
Los legisladores populares argumentaron que en momentos de crisis y de mayor necesidad el gobierno de Puerto Rico haya atentado contra la salud y seguridad económica de las familias puertorriqueñas.
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“Desde que comenzó esta crisis de salud, el gobierno estatal ha dilatado toda la ayuda y ha realizado acuerdos económicos muy cuestionables atentando contra la salud de nuestra gente. El senador federal Chuck Grassley solicitó información y respuestas a la gobernadora Wanda Vázquez sobre la transacción con APEX General Contractors, así como de otros traspiés en medio de la crisis. Hasta Jenniffer González ha expresado preocupación por el impacto que podría tener en el Congreso toda esta situación. No podemos permitir que el gobierno continúe jugando con la salud y el bienestar de un pueblo, y es nuestro deber asegurar el buen uso de todos los fondos que sean asignados para ayudar a los ciudadanos”, expresó Bianchi Angleró.
Por su parte, Santa señaló que “después de los errores cometidos por este Gobierno en el manejo de las ayudas recibidas por consecuencia de las emergencias de los huracanes de Irma y Maria, los temblores ocurridos al sur de la isla y el manejo de la emergencia del Covid-19, la Legislatura debe garantizar que estas ayudas e incentivos lleguen a las personas y negocios sin atrasos”.
