La negativa del gobierno a abrir los comedores escolares durante la cuarentena fue uno de los principales temas discutidos en la reunión que sostuvieron esta mañana integrantes del llamado “Task Force Social del Pueblo” con varios jefes de agencia en La Fortaleza.
“Nos dijeron que los comedores escolares no se abren por asuntos de fondos federales, que los fondos que se tienen están dirigidos para una población o servicios y aseguran que están en proceso de consulta para ampliarlos o cambiarlos. Eso claramente yo no lo había oído”, dijo a Metro Mabel López, una de las portavoces del ‘task force’ social y presidenta del Colegio de Profesionales del Trabajo Social.
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Públicamente, el secretario de Educación, Eligio Hernández, y la gobernadora Wanda Vázquez han argumentado que la apertura de comedores escolares pondría en riesgo de contagio de Covid-19 a los empleados de estos espacios, muchos de los cuales son mujeres de edad avanzada.
Ni Vázquez ni Hernández estuvieron presentes en la reunión en La Fortaleza, aunque sí participaron ayudantes de ambos, precisó López sobre el encuentro que contó con representación de cerca de una decena de las más de 100 organizaciones que componen el ‘task force’ social.
Los planteamientos que justifican el cierre de los comedores escolares “son irrisorios, porque una de las discusiones que tuvimos aquí es precisamente que se tomen las medidas de cautela con relación a la prevención, darle equipo a quienes están trabajando, darle toda la protección. No estamos presentando un plan fuera de la realidad sin considerar la amenaza de infectarnos, ni estamos pidiendo que abran el comedor y llegue todo el mundo. Hay propuestas para alquilar un sistema de transportación para llevar la comida a las familias”, sostuvo López.
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Hoy, precisamente, la presidenta de la Asociación de Empleados de Comedores Escolares, Nelly Ayala, insistió que la decisión de no abrir los comedores es del gobierno, y que los empleados representados por el gremio están en la disposición de trabajar durante la emergencia.
Metro solicitó una reacción al Departamento de Educación sobre el tema de las restricciones al uso de fondo federales que se levantó en la reunión en la Mansión Ejecutiva, pero al momento de publicación esta no había sido respondida.
Hasta el momento, la responsabilidad de alimentar a personas de escasos recursos ha recaído a través de las organizaciones sin fines de lucro que trabajan en colaboración con el Banco de Alimentos.
“Nuestras recomendaciones se las vamos compartir también a los municipios, porque sabemos que muchas veces están un poco más cerca (de la población), y no hablando desde el ombligo del país en el área metropolitana”, dijo López.
Sin datos para justificar reapertura
La trabajadora social, por otro lado, indicó que el ‘task force’ social favorece que “paulatinamente” se reanude la actividad económica, pero subrayó que el gobierno no ha cumplido con las condiciones para ponerlo en práctica de forma segura.
“Le exigimos al gobierno que las pruebas (diagnósticas de coronavirus) estén accesibles a la ciudadanía. Que quien la necesite pueda tener acceso inmediato. Sabemos, porque nos lo ha dicho la ciencia, que el 80% de los casos en la calle están asintomáticos, así que entre las acciones importantes para establecer ese plan de reapertura tiene que estar el acceso a pruebas, el seguimiento a los casos y los datos claros que fundamenten la toma de decisiones. La reapertura se debe dar a base de datos empíricos”, puntualizó López, al reconocer la importancia de que las familias puedan recuperar sus fuentes de ingreso.
