El Representante José Enrique “Quiquito” Meléndez anunció en el día de hoy que ha presentado un paquete de medidas legislativas relacionadas a la crisis mundial que se vive a causa del virus COVID-19 (Coronavirus) y que ha afectado al pueblo de Puerto Rico, y el manejo de la emergencia por parte del Gobierno Central y sus municipios.
Dentro de la medidas legislativas presentadas el legislador radicó un proyecto de ley para enmendar el “Código Penal de Puerto Rico”, el “Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”, y la “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico” con el objetivo de inhabilitar permanentemente de contratar o licitar con el Gobierno de Puerto Rico a cualquier persona o compañía registrada que cometa un delito contra el ejercicio del cargo público y contra los fondos públicos del Gobierno, durante una declaración de estado de emergencia o desastre, debidamente decretado por el Gobernador de Puerto Rico o por el Presidente de los Estados Unidos de América.
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Según la exposición de motivos de la medida, “esta Ley se aprueba en consideración a la política pública que impera en Puerto Rico, y que establece que: (1) la corrupción es un mal que afecta todos los niveles de nuestra sociedad; (2) la corrupción en el ejercicio de la función pública es uno de los mayores impedimentos que enfrenta el Gobierno de Puerto Rico para asegurar mejores y más eficientes servicios a la ciudadanía; (3) a los fines de erradicar la corrupción, se deben aunar los esfuerzos de todos los componentes del Gobierno para prevenir, investigar y procesar los actos de corrupción; y (4) debemos fortalecer las protecciones a las personas denunciantes y asegurar que los infractores respondan por sus actos y les caiga todo el peso de la ley a los que defraudan la confianza depositada en ellos por el Pueblo de Puerto Rico.”
Otra de las medidas presentadas por el representante Meléndez busca crear una ley a fines de otorgar beneficios a los hijos del honroso grupo de ciudadanos que, en el descargo de sus funciones, expusieron sus vidas a favor de la vida, salud y seguridad de sus conciudadanos durante la crisis de la pandemia del COVID-19.
La Ley presentada dispone que la Universidad de Puerto Rico y todas sus unidades académicas, así como cualquier institución de educación postsecundaria del Estado o sus municipios, brindarán prioridad en la admisión de estudiantes a los hijos de personas fallecidas en el cumplimiento del deber durante la pandemia del COVID-19. Establecerá además un fondo especial para otorgar una beca a estos hijos y así puedan obtener una fuente de ingreso adicional.
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La pieza legislativa establece que se enmendará la “Ley de la Lotería Adicional”, a los fines de destinar un punto cinco por ciento (.5%) de los recaudos por concepto de los diferentes juegos aquí establecidos para dirigirlo a ese “Fondo Especial para Becas de Hijos de Personas Fallecidas en el Cumplimiento del Deber durante la Pandemia del Coronavirus 2019 (COVID-19)”.
