Pese a las revelaciones que trascendieron ayer en una vista de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, el secretario de Salud, Lorenzo González, afirmó hoy que mantiene su apoyo a la gestión del doctor Segundo Rodríguez Quilichini como coordinador del ‘task force’ médico que asesora al gobierno.
El secretario de Salud sostuvo que no vio la transmisión de las vistas presididas por el representante Juan Oscar Morales y que prefiere esperar a que concluyan los procesos investigativos que se llevan a cabo por diversas entidades antes de pasar juicio sobre las irregularidades que se alega ocurrieron en los procesos de compra y entrega de pruebas para detectar el Covid-19.
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Ayer, la exempleada del Departamento de Salud Adil Rosa, quien supervisaba el área de compras, señaló a Rodríguez Quilichini y al ginecólogo Juan Salgado, también del ‘task force’, como las figuras que dieron el visto bueno a la compra de un millón de pruebas rápidas de Covid-19 a la compañía constructora Apex General Contractors por un costo ascendente a $38 millones.
Según Rosa, la entonces secretaria interina de Salud, Concepción Quiñones de Longo, no había autorizado esa transacción, que se concretó el 26 de marzo, misma fecha en que renunció la ahora exfuncionaria.
“La información que yo tengo es que como muchas otras personas (los miembros del ‘task force’) recibieron ‘emails’ o textos (con ofertas). Pero recuerden que (el ‘task force’) no tiene poder decisional. La decisión la toma el Departamento de Salud. Cualquier orden que se generó tiene que haber sido a través del Departamento de Salud. La estructura e interacción ha sido positiva. Yo necesito al ‘task force’. Segundo Rodríguez tiene en este momento mi apoyo, categóricamente claro”, afirmó González.
Más adelante en la conferencia, el funcionario aclaró que Salgado, igualmente contaba con su confianza.
“El proceso investigativo, cuando se adjudiquen las causas yo no tengo ningún problema en tomar decisiones entonces. Al momento no hay ninguna adjudicación. No puedo utilizar eso para manejar el Departamento de Salud”, argumentó el titular de Salud.
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González, quien fue confirmado en su puesto el 28 de marzo, dijo que desconocía de una cotización que también trascendió ayer en la vista de la Comisión de Salud, mediante la cual la empresa Globex Intertraders ofreció 500,000 ‘rapid test kits’, por $5 millones, a poco más de una cuarta parte del precio por unidad al compararse con la compra a Apex.
Sobre las diversas versiones que se han ofrecido públicamente relacionadas con la cancelación de la orden de compra a Apex, González sostuvo que la razón primordial fue el retraso en la entrega. Públicamente se ha ventilado también que la orden se canceló luego de que un banco impidiera la transferencia de los $19 millones que el gobierno le pagó por adelantado.
Las pruebas que Apex iba a adquirir, presuntamente en Australia, no aparecen en el listado de ‘kits’ con autorización de uso de emergencia que publica la Administración federal de Alimentos y Drogas.
“Si le preguntan a la gente de los bancos, una transferencia de $19 millones de un gobierno para con otro inmediatamente pone un pare. Es un salvaguarda que tiene que ver con transacciones bancarias. Y para beneficio de nosotros nos protegió”, dijo González.
Se había anunciado que el secretario de Asuntos Público, Osvaldo Soto, participaría en la rueda de prensa, pero González informó justo al comenzar que se había excusado.
La gobernadora Wanda Vázquez no ha comparecido ante la prensa desde el miércoles pasado, cuando aseguró que los procesos para la compra de un millón de pruebas se habían seguido al pie de la letra.
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