El contraste no podría ser más marcado. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo que, si las costosas medidas para contener al coronavirus salvan una vida, bien podrían valer la pena. El presidente Donald Trump opina diferente: los costos de estancar la economía superan los beneficios y les recuerda a los estadounidenses que 35.000 personas mueren al año por influenza estacional.
Aunque puede parecer burdo, el gobierno federal en realidad ha elaborado extensos cálculos al imponer las regulaciones, llamados “el valor de una vida estadística”, que ponen un precio a la vida humana. Esa fórmula se ha aplicado para considerar si se necesitan cinturones de seguridad, bolsas de aire o regulaciones ambientales, pero nunca en un extenso contexto de salud pública.
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La respuesta a esa pregunta ha ganado urgencia dado que, en días recientes, Trump se ha aferrado a la noción de que la cura para la pandemia no debería ser peor que la enfermedad y argumenta que “más personas van a morir si permitimos que esto continúe” y la economía permanece estancada. Ha puesto como objetivo un regreso a algo parecido a la normalidad en la economía para el domingo de Pascua, el 12 de abril.
Los críticos dicen que le presenta al país una opción falsa en un momento en que las muertes e infecciones por el virus aumentan.
“No aceptaremos una premisa de que la vida humana es desechable”, dijo Cuomo, cuyo estado ha tenido muchas más infecciones y muertes por COVID-19 que cualquier otro estado. “Y no pondremos un signo de dólares a la vida humana”.
Durante décadas, el gobierno federal ha hecho cálculos sobre cómo las políticas cuya intención son proteger la salud estadounidense podrían impactar a la economía. Desde el gobierno de Ronald Reagan, las agencias federales deben realizar análisis de cualquier regulación propuesta que se espera que tenga un impacto de 100 millones de dólares o más en la economía.
Tras pedir a los estadounidenses que durante 15 días practiquen el distanciamiento social, incluso trabajar en casa y cerrar barres y restaurantes para intentar frenar la propagación de la enfermedad, Trump cambió de opinión.
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“Nuestro país no fue fundado para ser cerrado”, se quejó Trump, y prometió no permitir que “la cura sea peor que el problema”.
Sin embargo, los demócratas dicen que Trump prioriza la economía sobre la salud y seguridad de los estadounidenses.
“Me gustaría decir que volvamos a trabajar el próximo viernes”, dijo el exvicepresidente y precandidato demócrata a la presidencia Joe Biden. “Eso sería maravilloso, pero no puede ser arbitrario”.
En el pasado reciente, el gobierno también ha puesto un precio en la vida estadounidense tras algunas de las calamidades provocadas por el hombre, incluidos los ataques del 9/11 y el derrame petrolero de BP en el Golfo de México en 2010.
Kenneth Feinberg, quien administró los fondos para las víctimas que surgieron de esos eventos, dijo que la fórmula utilizada en los tribunales del país era sencilla: ¿Cuánto habría ganado la víctima a lo largo de su vida si no hubiera sido por la tragedia que le quitó la vida? Además de eso, se sumó algo de compensación por el sufrimiento y el estrés emocional, agregó.
Pero cuando se trata de la actual pandemia, Feinberg dijo que calcular el impacto no es tan sencillo.
En el caso de la crisis del coronavirus, algunos economistas y expertos en políticas dicen que la pandemia todavía representa demasiadas incógnitas para aplicar ese tipo de análisis costo-beneficio fríamente calculado que se ha utilizado para evaluar el impacto de políticas como normas para autopistas federales o calidad de aire.
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