El secretario designado de Estado, Elmer Román, y el comisionado del Negociado de la Policía, Henry Escalera, indicaron hoy en conferencia de prensa que, antes de comenzar a penalizar a individuos o negocios por violentar las disposiciones del toque de queda, el gobierno se enfocará en “orientar” sobre el estado de emergencia que regirá en la isla hasta al menos el 30 de marzo.
“Estamos conscientes de compañías de construcción que están obligando al personal a ir a trabajar. Va a llegar el momento en que se le orienta, pero entonces va a empezar la intervenciones y van a venir las multas hasta $5,000. Yo creo que es importante que la gente entienda que esto no es una recomendación. Una orden ejecutiva es una orden, un mandato de gobierno y como tal tiene que (acatarse)”, dijo Román esta mañana en conferencia de prensa.
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“Anoche la mayor parte de las personas acataron el toque de queda. Esta mañana cuando me levanté vi personas en la playa desde mi apartamento. Creo que no entienden que desde 5:00 a.m. a 9:00 p.m. solo pueden salir de sus casas a ir al supermercado o a una gestión que tenga que ver con farmacia u otra gestión que tenga que ver con farmacia o alguno de esos asuntos, no a correr o ir a la playa. La Policía va a estar dando orientaciones y de aquí a dos o tres días vamos a empezar con las multas por ahí para abajo. La gente tiene que entender que esto es algo serio”, puntualizó el exsecretario de Seguridad Pública.
En la conferencia de prensa se informó que anoche se arrestó al dueño de un negocio de bebidas alcohólicas en Orocovis.
Las barras son uno de los comercios explícitamente vetados en la orden ejecutiva de la gobernadora Wanda Vázquez que, además de imponer un toque de queda entre 9:00 p.m. y 5:00 a.m., restringe las salidas durante el día a gestiones esenciales y el cierre de la mayoría de los comercios.
“Se tuvo que arrestar y posteriormente fue citado por incumplimiento de la orden y alteración a la paz, utilizando palabras soeces. Es la información que tengo”, dijo Escalera sobre la intervención con el dueño del local Legacy, en Orocovis.
En términos generales, las únicas industrias que pueden continuar operando bajo el decreto son las relacionadas a la distribución de alimentos y medicamentos y las instituciones bancarias.
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Además de la multa de hasta $5,000, la orden ejecutiva ofrece discreción a los tribunales para imponer una pena de cárcel de un máximo de seis meses a quienes violen el actual estado de emergencia.
El secretario de Asuntos Públicos, Osvaldo Soto, precisó que en total la Policía realizó 25 intervenciones en situaciones en que se infringía la orden ejecutiva. 13 de estas intervenciones ocurrieron en la región de Utuado, según indicó.
Con relación a los patronos que intentaran obligar a empleados no exentos a realizar labores en el día de hoy, un portavoz del Departamento del Trabajo indicó que la agencia, como parte de sus operaciones de emergencia, estaría atendiendo reclamaciones “lo más rápido posible”.
La agencia se comprometió a proveer la cifra de reclamaciones presentadas durante el primer día del cierre comercial.
Se indicó que se habilitó el correo gobernadora@fortaleza.pr.gov para tramitar denuncias de patronos que incumplieran con la orden ejecutiva.
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