La jueza Laura Taylos Swain se reservó la decisión sobre la Ley 29, que asume el pago del sistema de retiro “Pay Go” de los municipios por parte del Gobierno central.
En el segundo día de audiencia general en el Tribunal Federal en San Juan, la representación legal de la Junta de Control Fiscal (JCF) expuso que el gobierno, en aquel momento a cargo de Ricardo Rosselló, aprobó la ley sin consultarlo con el ente creado por la Ley Promesa. Asimismo, alegaron que dicha ley tiene un impacto económico en el plan fiscal.
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Sin embargo, Swain se reservó el fallo y aseguró que los resolverá “lo más pronto posible”. En el pleito también se discute la aportación médica por parte del Gobierno para empleados municipales.
La JCF argumentó que el plan fiscal de 2019 se aprobó “bajo la asunción de que los municipios iban a reembolsar sus obligaciones al gobierno central”. También se destacó que el pago del retiro de los municipios por parte del gobierno central tampoco está en el presupuesto aprobado por la Junta.
La abogada de la JCF recalcó que el punto de la demanda, que fue presentada en julio de 2019 es invalidar dicha ley. “Ellos están pidiendo a la corte invalidar Promesa”, opinó.
En la demanda, el ente creado por esa ley federal argumentó que la Ley para la Reducción de Cargas Administrativas de los Municipios (Ley 29) contradice los propósitos de Promesa, que es minimizar la carga económica del Gobierno Central.
De igual forma, se recalcó que actualmente la ley está en vigor y todos los días se utilizan dineros que no están incluidos en el presupuesto ni en el plan fiscal. El incumplimiento con las secciones 204 y 207 de Promesa fueron de los principales argumentos de la JCF en la audiencia general.
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Gobierno defiende ley y asegura mayor cumplimiento
Por su parte, Swain, encargada de los casos de Título III, expuso que la Ley Promesa otorga a la Junta el poder de determinar cuando una acción gubernamental es inconsistente con ese estatuto.
Mientras, la representación legal de la AAFAF, “ha habido una mejoría tremenda en cuanto al cumplimiento con Promesa”. Además, aseguró que pueden asumir el pago.
Esta semana la Asociación de Alcaldes de denunció que si se deja sin efecto el estatuto tendrá un efecto devastador para los municipios, que también se enfrentan al hecho de recibir $17 millones menos en el Fondo de Equiparación.
El abogado que representó a la AAFAF y al Gobierno también solicitó un periodo de dos semanas a fin de que en diálogo con la JCF puedan evaluar opciones para los municipios, quienes han indicado que no pueden asumir el “Pay Go”, esto en caso de que Swain resuelva derogar la Ley 29.
A mediados de diciembre de 2019 la gobernadora Wanda Vázquez anticipó que perderían el pleito y aseguró que evalúan alternativas junto con los alcaldes.