Informe sobre almacén en Ponce está sellado y guardado en una bóveda

El informe sobre el almacén en Ponce con suministros de emergencia que no fueron entregados a los damnificados por los terremotos y que realizó el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) del Departamento de Seguridad Pública, tiene cinco páginas y once anejos, aunque su contenido continúa siendo uno de los secretos de Estado mejor guardados.

El documento fue revisado en cámara este martes en la tarde por la jueza Lauracelis Roques Arroyo, quien determinará si el mismo será entregado en parte o en su totalidad como resultado de la demanda de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

Luego de una resolución emitida el viernes por el Tribunal en el caso de la ASPPRO y el CPI, el Gobierno tenía hasta este martes, a las 2:00 pm, para expresarse y justo a la 1:50 pm, presentó una moción de reconsideración acompañada de una declaración jurada del actual comisionado del NIE, Héctor López Sánchez.

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El Gobierno además informó el martes que la fiscal Elba Acevedo del Departamento de Justicia estaba disponible para llevar copia del informe en sobre sellado a la jueza Roques Arroyo con el objetivo de que esta lo revisara y luego lo devolviera a la fiscal. La jueza emitió una orden requiriendo a la fiscal que compareciera a su sala antes de las 5:00 pm de ese día para entregar copia del informe.

De las mociones se desprende que la fiscal del Departamento de Justicia entregó a la jueza el informe en el sobre sellado para su inspección. El Gobierno además, reclamó a la jueza que guardara el informe en una bóveda.

La jueza ya concluyó, como parte del litigio, que el Gobierno no aportó prueba suplementaria o “justificaciones específicas” que acrediten la naturaleza privilegiada del documento en cuestión. No obstante, por prudencia judicial, ya que el Gobierno alega que el informe contiene impresiones de los agentes del NIE sobre los hechos investigados, la naturaleza de la conducta examinada, así como la identificación de los testigos entrevistados y el testimonio ofrecido, procede la inspección en cámara del documento en controversia. Con la inspección en cámara el Tribunal podrá “evaluar si en efecto el documento contiene la alegada información de naturaleza confidencial y podría distinguir entre materia privilegiada y aquella no privilegiada”.

El gobierno radicó ese mismo día una solicitud de orden protectora solicitando que “luego del examen en cámara, se emita la instrucción correspondiente para que dicho documento permanezca en sobre sellado en bóveda… en aras de preservar a todas las partes su derecho a cualquier trámite ante los foros apelativos”.

El miércoles, la defensa de la ASPPRO y el CPI radicó una moción en la cual se opuso a esa petición de orden protectora. “La jurisprudencia interpretativa del Tribunal Supremo ha dispuesto reiteradamente que, como resultado de un examen en cámara, el foro de instancia identificará si todo o parte del documento en controversia está protegido por alguno de los privilegios invocados por el Estado. De no estarlo, se ordenará la divulgación inmediata del mismo, o de aquellas partes que no estén protegidas por privilegio alguno”, indica la moción.

Comienzan a conocerse algunos detalles

La declaración jurada de López Sánchez indica que luego de que se iniciara la investigación encomendada por la Gobernadora el 18 de enero, al día siguiente se realizaron entrevistas a testigos que son empleados públicos y se inició una comunicación con fiscales auxiliares adscritos a la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia. Dice la declaración jurada de López Sánchez que se coordinó para que estos fiscales fueran a la oficina del NIE en Ponce con una taquígrafa ante la posibilidad de tomar declaraciones juradas a varios testigos que ya habían sido entrevistados. Además, se requirió la producción de documentos mediante subpoena al Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD).

Los agentes del NIE entrevistaron también a testigos en sus oficinas en Ponce y tuvieron una reunión entre los fiscales y personal del NIE en la cual discutieron los pormenores del caso, dice la declaración del Comisionado.

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