La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), presentó al Tribunal Federal su oposición a una petición de la Junta de Control Fiscal (JCF) para programar una audiencia a fin de evaluar el “Disclosure Statement” o Declaración de Divulgación del plan de ajuste de deuda.
Dicha declaración es el manual para el acreedor y contiene 1,869 páginas. Su propósito es proveer una visión del plan, a fin de que todo acreedor pueda establecer su posición a favor o en contra del plan de ajuste, ya que, en algún momento del proceso, cuando culmine la mediación, todos los acreedores incluidos deben votar. El Tribunal Federal es el encargado de evaluar también dicho documento. Luego realizará una vista para aprobarlo si considera que contiene toda la información que necesitan los acreedores.
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La declaración incluye factores de riesgo que los votantes deben analizar antes de aceptar o denegar el plan. Al igual que el plan de ajuste, la declaración de divulgación puede ser modificado durante el proceso judicial.
La petición presentada a la jueza Swain es a nombre del Gobierno de Puerto Rico, incluido el Sistema de Retiro, Autoridad de Edificios Públicos se opuso a petición de la JCF para “programar una audiencia para considerar la idoneidad de la información contenida en la Declaración de divulgación, establecer la fecha límite para presentar la traducción al español de la Declaración de divulgación , establecer la fecha límite para presentar objeciones a la Declaración de divulgación y las respuestas a la misma, y conceder una reparación relacionada”.
La petición de la Junta a la jueza federal Laura Taylor Swain tiene fecha de 11 de febrero de 2020.
Gobierno recalca oposición al plan
En la objeción la AAFAF expone que el ente creado por la Ley Promesa el pasado 9 de febrero anunció el acuerdo con ciertos bonistas de Obligaciones Generales. En el documento de 10 páginas la AAFAF menciona que a pesar de que la Junta ha descrito el acuerdo como un paso para la aprobación del plan de ajuste de deuda del Estado Libre Asociado y salir de la quiebra, no menciona que el Gobierno no respalda el plan.
“El Gobierno ha concluido que los términos actuales, por sí solos, no están en el mejor interés del pueblo de Puerto Rico”, expuso la agencia al Tribunal Federal. “Y, sin el apoyo del Gobierno para el PSA y el Plan Modificado, el Plan Modificado no puede hacerse realidad”, detalló.
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El pasado 27 de septiembre, en un mensaje televisado, la gobernadora Wanda Vázquez aprobó el plan de ajuste que incluye el recorte de 8.5% a las pensiones de $1,200 o más que negoció el Comité Oficial de Retirados (COR). Sin embargo, este año, el 9 de febrero, la primera ejecutiva se mostró en contra del acuerdo con los bonistas de Obligaciones Generales.
“Tras analizar cuidadosamente los términos de este nuevo acuerdo y en vista de que la Junta de Supervisión Fiscal se negó a mejorar el trato a los pensionados en el mismo, mi gobierno ha determinado no unirse a dicho nuevo acuerdo según sus términos actuales. Nuevamente, mi posición durante este proceso ha sido que si los bonistas reciben mejor trato en un nuevo acuerdo, los pensionados también deben recibir mejor trato”, expuso Vázquez en una comunicación escrita en ese momento.
A su vez, la directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko, ha destacado que por el momento no necesita la aprobación de Vázquez.
Tranque por las pensiones
En el documento la AAFAF argumenta que “la gobernadora ha dejado claro que si los tenedores de bonos reciben un tratamiento mejorado bajo cualquier acuerdo, entonces un grupo de los ciudadanos más vulnerables de Puerto Rico, sus pensionados, también deberían recibir beneficios mejorados”.
Asimismo, catalogaron de “prematura” la búsqueda de la Junta de iniciar el proceso de confirmación de un plan de ajuste enmendado.”A menos que la Junta de Supervisión articule claramente cómo propone confirmar el Plan Modificado sin el apoyo y la cooperación del Gobierno, cualquier calendario de confirmación es evidentemente prematuro. Como tal, el Tribunal debe rechazar la declaración de divulgación de la Junta de Supervisión y el cronograma de confirmación del plan y negar el alivio solicitado en las Mociones. Por las mismas razones, el Tribunal no debe adoptar el calendario propuesto en el Informe modificado”, sentenció la AAFAF.
Aseguran que el plan no es confirmable
El Gobierno también alegó en el Tribunal Federal que el proceso de confirmación del plan de ajuste será uno costoso e inconfirmable según la sección 314 de la Ley Promesa. “La sección 314 (b) (5) de PROMESA requiere expresamente que la Corte determine que los proponentes del plan han obtenido ’cualquier aprobación legislativa, reglamentaria o electoral necesaria según la ley aplicable para llevar a cabo cualquier disposición del plan’. Debido a que la Junta de Supervisión no cuenta con el apoyo del Gobierno para aprobar la nueva legislación contemplada en el PSA, la Junta de Supervisión no puede demostrar, y por lo tanto, el Tribunal no puedo determinar que este requisito de confirmación será satisfecho”, puntualizó el Gobierno.
