Pese a que la gobernadora Wanda Vázquez había instruido conducir con celeridad la investigación del almacén con suministros encontrados en Ponce, la secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, aseguró ayer que puede tardar hasta tres años la pesquisa sobre el manejo de los artículos por parte del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) .
“Son procesos administrativos que requieren de la evaluación de mucha información y ese tipo de investigación generalmente toma tiempo. Mi experiencia personal y como fiscal de cuello blanco, esto puede tomar dos o tres años; investigar propiamente un proceso de documentación e identificar quiénes son las personas que están envueltas con algún tipo de documento”, expresó Longo Quiñones.
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Tres años es mucho
A juicio del exsecretario de Justicia, Luis Sánchez Betances, y el ex fiscal especial independiente (FEI), Ernie Cabán, ese término es demasiado extenso, considerando que se trata de un caso de alto interés público para el cuál el Estado ha destinado sus recursos.
“Tres años es un poquito exagerado, me parece, porque la información está ahí, los almacenes están ahí, el ingreso de materiales al almacén están ahí, las personas responsables del almacén están ahí. No sé por qué podría tomar tanto tiempo. La secretaria tiene la información”, expresó Sánchez Betances.
Sostuvo que, normalmente, este tipo de pesquisas son confidenciales para garantizar la pureza del proceso, pero el Estado podría hacer pública las conclusiones si así lo desea, porque impedimento legal no tiene.
Mientras, Cabán recordó que el secretario de Estado, Elmer Román, expresó que la investigación preliminar del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) apuntaba al entonces comisionado de NMEAD, Carlos Acevedo. Por tratarse de un funcionario al momento del incidente bajo investigación, el proceso caería bajo jurisdicción del FEI, lo que por ley obligaría a Justicia a investigar no más tarde de 90 días. “El hecho de que haya un funcionario público bajo jurisdicción del FEI se lleva a todos los demás que puedan tener alguna participación en alguna comisión de delito”, expresó el exfiscal.
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Sobre el estimado de tres años que dio la titular de Justicia, reaccionó que sería “totalmente irrazonable e injustificable. No hay manera de justificar, con los recursos que tiene el Departamento de Justicia para encaminar una investigación, el expertisse de los fiscales de integridad pública, no se puede justificar una dilación como esa”.
Ambos alertaron que prolongar la pesquisa podría implicar que desaparezcan testigos, se pierda evidencia, falle la memoria o el recuerdo de las personas y hasta podrían prescribir algunos delitos, aunque los de corrupción no prescriben.
