Los representantes Rafael “Tatito” Hernández Montañez y José “Conny” Varela radicaron el lunes, querella y refirieron a la gobernadora Wanda Vázquez a Justicia, a Ética Gubernamental y a las autoridades federales luego que la exsecretaria del Departamento de la Familia expresara públicamente que su despido correspondía a motivaciones político-partidistas.
“Después de que trascendiera públicamente las expresiones de la extitular de Familia, Glorimar Andújar en la que denuncia el mal manejo de recursos federales para beneficio político-partidista y que colocaron en peligro las ayudas para los damnificados, radicamos querella e hicimos varios referidos a las autoridades estatales y federales correspondientes sobre las posibles violaciones de ley por parte de la gobernadora”, manifestó Hernández Montañez en conferencia de prensa.
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“Según informes de prensa, el abrupto despido de Andújar destapó un aparente esquema para beneficiar políticamente a varios funcionarios electos que han endosado públicamente a la gobernadora Vázquez para su reelección a la gobernación en las próximas elecciones”, añadió.
El portavoz del PPD en la Cámara de Representantes indicó que “la exfuncionaria, despedida por la gobernadora en medio de la crisis por el hallazgo de almacenes repletos de suministros, expresó que había separado sumariamente de funciones a la licenciada Surima Quiñones, tras una querella que recibió sobre que esta estaba reteniendo la repartición de los suministros para que estos fueran entregados por funcionarios electos específicos. La suspensión de Quiñones dio paso a que el secretario de la gobernación Antonio L. Pabón, mediante correo electrónico le exigiera a Andújar retractarse de esta decisión. La extitular confirmó que, al no acatar dicha exigencia este le indicó que “la Gobernadora le había quitado su confianza”.
Entre tanto, el representante Conny Varela dijo que “que este señalamiento debe ser evaluado ante una posible violación por parte de la Gobernadora a los artículos 252 y 261 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico” y a varios incisos del artículo 4.2 del Código de Ética Gubernamental”.
Del mismo modo, Varela resaltó posibles violaciones al 18 U.S Code 598 de Justicia Federal que plantea que cualquier funcionario que use, se apropie o sea obstáculo para una distribución correcta de fondos federales de reconstrucción podría enfrentar multas y hasta cumplir cárcel.
“Todo este asunto debe ser atendido con la diligencia y responsabilidad que amerita. Por esto, le estamos solicitando las diferentes autoridades con injerencia que comiencen oficialmente los procesos de ley, administrativos y éticos que apliquen a la Gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez y a cualquier miembro de la Asamblea Legislativa que, como parte de su investigación, pueda salir involucrado. Del mismo modo, emplazamos al presidente de la Cámara a que la primera persona a citar como parte del proceso investigativo que llevará a cabo la misma comisión especial que él creó para evaluar la reconstrucción y preparación total de Puerto Rico ante una emergencia sea a la exsecretaria de Familia”, concluyeron.
