Tras convertir en ley el proyecto que busca preservar la legalidad de las peleas de gallos, la gobernadora Wanda Vázquez aseguró que el estatuto no pretende “confrontar” al Gobierno estadounidense, sino convertir esta industria en una estrictamente local que, teóricamente, no requiera de la intervención federal.
“No se obviaron las disposiciones federales. Aquí trabajamos en coordinación con la jurisdicción federal. De ninguna manera puede entenderse que la firma de estos proyectos de ley son un desafío a la jurisdicción federal. Esto es un proyecto de la Cámara de Representantes y del Senado, que ha sido realizado con todos los planteamientos de derecho que se puedan hacer”, sostuvo Vázquez.
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Además de firmar el Proyecto de la Cámara 2330, que autoriza al Departamento de Recreación y Deportes a extender por dos años las licencias a las galleras y prohíbe la importación o exportación de materiales utilizados en peleas de gallos, la gobernadora ratificó una resolución conjunta que la exige a ella y a la comisionada residente Jenniffer González cabildear en Washington para conseguir una moratoria de cinco años en la veda federal a esta actividad.
“Obviamente, la decisión final (sobre la procedencia de la nueva ley local) la tiene un tribunal. El que entienda que lo debe cuestionar que se vaya al tribunal y nosotros defenderemos las piezas legislativas. Si nosotros tenemos esa producción local, en términos de los animales, de todos los materiales que se utilicen para el deporte y lo cultural que representa las peleas de gallos, no debe tener ningún tipo de conflicto con relación a la legislación federal”, dijo Vázquez, minutos antes de estampar su firma en ambos estatutos.
Según la traducción de la nueva ley, de la autoría del representante Urayoán Hernández, la disposición —que a partir del viernes extiende a los territorios estadounidenses la prohibición a las peleas entre animales— señala que el “comercio de peleas de animales se define como cualquier evento, en o afectando el comercio interestatal o foráneo, que involucre peleas entre al menos dos animales para efectos deportivos, apuesta o entretenimiento”.
Vázquez invitó a las autoridades federales a dialogar con el Gobierno local si consideran que la legislación contraviene el estado de derecho que entraría en vigor en dos días.
“Lo hemos conversado de manera informal. Si la legislación es federal y vienen a intervenir de esta manera con la jurisdicción estatal, esperamos que haya ese diálogo. Si no lo hay, en la tarde de hoy mi compromiso es que lo voy a generar yo”, indicó la primera ejecutiva durante la actividad protocolaria, en la que estuvieron presentes el representante Hernández, el senador José Luis Dalmau —autor de la resolución conjunta— y el presidente de la Cámara Alta, Thomas Rivera Schatz, además de otros legisladores y líderes de la industria gallística.
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De acuerdo con la mandataria, entre 2018 y 2019 se celebraron más de 67,000 peleas de gallos en galleras autorizadas, que generaron más de $9 millones en apuestas.
“Como persona y como gallero, si (las autoridades federales) van a hacer un arresto, están en la facultad de hacerlo, pero cuando se vaya a corte, no va a proceder, porque la autoridad nominadora, que es la gobernadora, está autorizando esto”, opinó el director de la Oficina de Asuntos Gallísticos, Gerardo Mora, al agregar que la industria gallística en Puerto Rico está lista para subsistir exclusivamente con recursos locales.
“Puerto Rico produce espuelas, estamos catalogados como la meca del gallo fino a nivel del mundo, tenemos la infraestructura. (No necesitamos) nada del extranjero para las peleas de gallos”, dijo.
El presidente del Senado, Rivera Schatz, se manifestó “complacido” con la firma de la ley.
“Nuestros galleros han demostrado que tienen la capacidad de generar, en condiciones inhóspitas, empleo, actividad económica y han estado aportando consistentemente a nuestra economía”, dijo Rivera Schatz.
