Gobierno local es responsable por desvío de fondos para servicios a personas con discapacidades

El juez federal Gustavo Gelpí eximió de culpa a la Junta de Control Fiscal

Por Manuel Guillama Capella

El juez federal Gustavo Gelpí determinó hoy que las medidas de austeridad impuestas por la Junta de Control Fiscal (JCF) no son la causa para que, entre los años fiscales de 2016 a 2019, el gobierno puertorriqueño haya desviado unos $20 millones del presupuesto asignado a la División de Servicios a las Personas con Discapacidad Intelectual (Dspdi) hacia el fondo general.

“Esta corte entiende que la JCF no es la causa, ni responsable de forma alguna, por el desvío de los fondos de la Dspdi. Al contrario, las acciones de la JCF de ahora en adelante serán cruciales para el cumplimiento del gobierno con sus obligaciones sacrosantas hacia todos los participantes bajo el Plan de Acción para el Cumplimiento Conjunto. Cualquier intento futuro de responsabilizar a la JCF sería irresponsable y sin fundamento”, plantea Gelpí en la orden judicial.

En una moción presentada el martes, el Departamento de Justicia estadounidense estableció que coincidía con las recomendaciones de la JCF a los efectos de concederle mayor independencia presupuestaria a la Dspdi, adscrita al Departamento de Salud.

En ese documento legal, de 16 páginas, se puntualiza que la ley Promesa impide a la JCF imponer recortes a partidas protegidas por órdenes judiciales.

Citando una moción presentada en noviembre por la JCF, Justicia federal informa su apoyo a iniciativas tales como incrementar el presupuesto de la Dspdi, agregar en el presupuesto certificado del Departamento de Salud una partida segregada con la asignación a esta división y eximir a la Dpsdi del requisito de mantener una reserva presupuestaria, disposición que se extendería a todo el Departamento de Salud.

Incluir en una línea separada las asignaciones dirigidas al Dspdi, “es el mismo método utilizado para el las asignaciones presupuestarias en el caso de la reforma de la Policía”, señala la moción.

Repetidamente, las autoridades federales censuran que el gobierno puertorriqueño, amparándose en leyes y órdenes ejecutivas locales, haya “ignorado las órdenes presupuestarias de las corte”.

En agosto, recuerda la moción, el juez Gelpí pidió al gobierno que mostrara causa por la cual no debía imponerse un síndico que garantizara “que los fondos del Dspdi se utilizaran completamente de ahora en adelante.

Según el gobierno federal, las prácticas presupuestarias de las autoridades locales “indiscutiblemente” han tenido un impacto negativo sobre las personas que reciben los servicios de la Dspdi.

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