Una Investigación Especial realizada por la Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG), encontró que excontratistas y exempleados de la firma BDO Puerto Rico, P.S.C., (en adelante BDO) aún mantienen vínculos con el Gobierno de Puerto Rico, bajo nuevas compañías contratadas, trascendió el jueves.
Además, la investigación reveló que funcionarios gubernamentales pudieron haber cometido faltas éticas y legales en el proceso de formalización de contratos y certificación de facturas.
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Según un comunicado de prensa, la OIG llevó a cabo una investigación conforme a los poderes y facultades que le confiere la Ley Número 15-2017, según enmendada, conocida como la “Ley del Inspector General de Puerto Rico.
El 10 de mayo de 2019, el entonces secretario de la Gobernación, hizo un referido público a la Oficina del Inspector General de Puerto Rico (en adelante, OIG) donde solicitó que se realizara una auditoría de todos los contratos que la compañía BDO, tenía con el Gobierno de Puerto Rico.
Como producto de la investigación encomendada se identificó que, durante el 2019, BDO tuvo aproximadamente cuarenta y cuatro (44) contratos por 30,283,634.80 dólares, con entidades en la rama ejecutiva.
Debido a la cuantía de los contratos, se procedió a tomar una muestra por entidad y basado en la materialidad. El primer informe consiste en el análisis de los contratos de la firma BDO en el Departamento de Hacienda (en adelante Departamento).
En la primera parte de la investigación exhaustiva, la OIG identificó que mientras se contemplaba la cancelación de los contratos de BDO, en el mes de mayo de 2019, se recibieron durante el mismo mes, en el Departamento, propuestas que incluían los mismos servicios profesionales, así como capital humano que a ese momento figuraban como recursos de BDO.
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De un examen a los expedientes de los contratos otorgados con posterioridad a la cancelación de contratos de BDO, con el Departamento, logramos identificar que la mayoría de los exempleados, que realizaron labores y facturaron bajo los contratos cancelados por el Departamento, continuaron sus operaciones bajo los contratos formalizados con nuevas compañías.
La investigación reveló a su vez, que algunos funcionarios del Departamento, eran exempleados de BDO previo a llevar a cabo funciones en el Departamento y tras su nombramiento estuvieron directamente involucrados en el proceso de contratación (solicitud, formalización, desembolsos y cancelación) de las nuevas compañías contratadas.
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En cumplimiento su facultad ministerial de prevenir la corrupción y el mal uso de fondos públicos, resulta meritorio realizar los correspondientes referidos a las entidades concernientes, para que evalúen posibles infracciones por parte de estos funcionarios públicos a los estatutos aplicables, incluyendo sin limitarse la Ley Número 1-2012, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico”; Ley Número 2-2018, según enmendada, conocida como el “Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”; Ley Número 293 del 15 de mayo de 1945, según enmendada, conocida como “Ley de Contabilidad Pública del Gobierno de Puerto Rico”; y Ley Número 146-2012, según enmendada, conocida como el “Código Penal de Puerto Rico”, entre otras.
Para salvaguardar la pulcritud del proceso ante dicho referido, no es posible abundar en más detalles de la Investigación.
No obstante, la OIG tiene entre otras cosas, el compromiso de velar por la fiscalización y buen uso de los fondos del estado, así como garantizar la optimización de los recursos existentes en la Rama Ejecutiva.
La OIG, reitera el compromiso y deber ministerial para promover una sana administración pública, por lo que se hace un llamado a que cualquier persona que tenga información sobre un acto irregular o falta de controles internos en las operaciones del ejecutivo, pueda comunicarse a la OIG a través de nuestra Línea de Consultas 787-679-7979.
