A pesar de que el año pasado se dio a conocer que el Gobierno dejó almacenar evidencia forense de más de 2,200 víctimas de agresión sexual, el Departamento de Justicia aseguró que no recomienda la aprobación del proyecto de ley que busca regular el inventario de estos.
Contrario al resto de las agencias de gobierno que participaron de una vista pública del Proyecto del Senado 1350 de la autoría de la exsenadora Zoé Laboy y el senador Henry Neumann, la ponencia firmada por la secretaria Dennise Longo Quiñones, establece el rechazo a la pieza legislativa, que buscar crear la ley para regular el Inventario de SAFE kits en Puerto Rico. “Considerando los proyectos existentes para atender la urgente situación de inventario de SAFE kits bajo custodia de Ciencias Forenses sin analizar, no recomendaríamos que se adoptara, por el momento, legislación que contemple protocolos o procedimientos específicos y adicionales a los ya en función”, expone el documento sometido a la Comisión de Seguridad del Senado.
Ante este reparo de Justicia, el senador Neumann expresó a Metro: “Resaltó a todos los que estuvimos allí presentes la negatividad del proyecto por parte de Justicia, en cuyas manos está el procesamiento de las personas que han cometido el delito, y que hay víctimas esperando que se haga justicia”. Aseguró que no entiende cómo pueden rechazar la medida creada, luego de que en septiembre de 2018 trascendió que había 2,254 kits de material genético de potenciales agresores guardados en bóvedas del Negociado de Ciencias Forenses (NCF), recopilados entre 2006 y 2018. “Que haya… miles de agresores sexuales caminando por nuestras calles y cuya evidencia, para ser sometida al proceso judicial, espere en una bóveda para ser analizada es algo que ninguna sociedad puede aprobar”, manifestó el legislador.
Detalló que cuando reclamó a Justicia, se le indicó que “entienden que las diferentes agencias de gobierno relacionadas con el tema tienen su reglamentación interna, que cubre lo que tiene que ver con los SAFE kits, y que no hace falta legislación más allá de lo que existe en este momento”.
El proyecto, según Neumann, no impone responsabilidades adicionales a Justicia. De hecho, con el proyecto se crea un comité que incluye a Salud, Ciencias Forenses y Familia, y una de las críticas de Justicia fue que se les incluya, a lo que Neumann planteó que se enmendará para incorporarlos al comité. “Al fin y al cabo, las otras agencias del Gobierno le dieron respaldo al proyecto y ahora procederemos a rendir el informe… Garantizo que el proyecto va a ser aprobado la próxima semana”, pronosticó Neumann.
Recomendados
Katherine Angueira levanta banderas ante programas para agresores
Feid y Karol G arrasan en los Latin AMAs
Gigantes acaban con la racha de los Criollos de Caguas
Mientras, la ponencia firmada por el secretario de Seguridad Pública, Elmer Román, establece: “Somos enfáticos en apoyar la medida, ya que entendemos que la misma nos ayudará a mantener un orden funcional en cuanto al trato de estos kits, y no volvamos a tener miles de estos kits sin atender por burocracia gubernamental”. Asimismo, el Departamento de la Familia y de Salud, aunque sometieron algunas recomendaciones, entre ellas que haya periodos para que la Policía recoja el rape kit en la instalación de Salud y para entregarlo al NCF, así como clarificar que la preservación de los kits sin querella la seguirá realizando el NCF,dieron su visto bueno. Previamente, la Asociación de Hospitales reconoció que las instituciones no tienen protocolos uniformes para manejar los casos de violación.
1,854 kits procesados
Durante la vista pública, Justicia estableció que ya han avanzado con el procesamiento de evidencia.
“A la fecha, se ha logrado la evaluación de 1,854 casos relacionados con evidencia forense recopilada en SAFE kits que se encontraban almacenados en el Negociado de Ciencias Forenses hasta el 30 de diciembre de 2018. Se logró certificar que estos 1,854 SAFE kits contaban con un número de querella policíaca asignado, y… se confirmó que 779 de dichos SAFE kits se debían evaluar para promover la procesabilidad de los casos en los cuales dicha evidencia científica fue recopilada”.