El presidente de la Junta de Directores de la Autoridad de Puertos, Carlos Contreras Aponte, admitió que el cuerpo rector no ha discutido en ningún momento las potenciales ramificaciones del acuerdo al que llegaron las empresas de carga marítima Puerto Rico Terminals (PRT) y Luis Ayala Colón (LAC).
Según el también secretario de Transportación y Obras Públicas, dado que la propuesta consolidación no se ha oficializado y presentado ante el organismo, la Junta de Directores no tiene ante sí la función de evaluar el si el acuerdo representaría una violación de las disposiciones antimonopolio.
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De acuerdo con la exposición de motivos de la Resolución de la Cámara de Representantes 1523, la fusión de ambas empresas dejaría en manos de dos compañías el 80% de las operaciones del Muelle de San Juan.
Declarando ante la Comisión de Relaciones Federales, Internacionales y Status, Contreras Aponte insistió en que, al momento, la Autoridad de Puertos mantiene contratos separados con LAC y PRT para la operación de distintos muelles.
Sin embargo, las compañías llegaron a un acuerdo para crear Puerto Nuevo Terminals y manejar los muelles de manera conjunta, bajo la premisa de que haría más costoefectivas las labores de carga marítima.
PRT fue el resultado de la fusión que realizaran en 2016 las compañías Tote Maritime e Intership, una consolidación de la que, según reconoció Contreras Aponte durante la vista, la Autoridad de Puertos no advino en conocimiento hasta dos años más tarde, a pesar de que, para efectos prácticos, era PRT quien operaba los muelles que anteriormente manejaban de manera separada las dos compañías bajo sendos contratos de arrendamiento con la corporación pública.
El presidente de la comisión, José Aponte Hernández, puntualizó que esa fusión había reducido de tres a dos –Crowley y PRT– las empresas que transportan la carga marítima proveniente de los Estados Unidos y que están cobijadas por la Ley Jones. LAC, según el representante, controla “casi en su totalidad” la carga internacional que llega a la isla.
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Contreras Aponte señaló que, a partir del pasado año se han estado imponiendo multas a PRT por incumplimiento de contrato, al alterar las condiciones del arrendamiento de los muelles sin el conocimiento de la Autoridad de Puertos. A preguntas de Hernández Aponte, sostuvo que no se han tomado medidas más severas porque podría afectar el flujo de carga marítima.
El funcionario dijo que la corporación cuya junta preside no tiene jurisdicción para atender de antemano la fusión que LAC y PRT propusieron a la Comisión Federal Marítima (FMC, en inglés) en marzo de este año. En su ponencia, Contreras Aponte subrayó que el análisis de la consolidación quedó en manos de la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia.
“Los intereses del pueblo se defienden por anticipado. Eso no es velar por los intereses del pueblo”, criticó Aponte Hernández, quien agregó que la dependencia federal no ha pasado juicio sobre los méritos de la consolidación.
El expresidente de la Cámara de Representantes, asimismo, cuestionó la labor del director ejecutivo de la Autoridad de Puertos, Anthony Maceira. Aponte Hernández planteó que, mientras Maceira también se desempeñaba como secretario de Asuntos Públicos, se comunicaba con La Fortaleza directamente, obviando la rendición de cuentas ante la Junta de Directores de la Autoridad de Puertos, un argumento que Contreras Aponte refutó.
En la audiencia de esta mañana, también depuso la Asociación de Navieros de Puerto Rico. En una ponencia de media página, presentada a través de su vicepresidente, Jacob Wegrzyn, informaron que en su pasada reunión ordinaria aprobaron que, por considerar que la fusión queda bajo la jurisdicción de la FMC y consiste de un acuerdo entre entidades privadas, “la Asociación de Navieros no tiene más que aportar”.
A preguntas del representante Luis Vega Ramos, Wegrzyn no pudo precisar si PRT, como filial de Tote Maritime, cuenta con representación propia dentro de la Asociación de Navieros.
