CIUDAD DEL VATICANO— El más reciente escándalo del Vaticano por la filtración de información cobró su primera víctima hoy lunes con la renuncia del jefe de guardaespaldas del papa Francisco.
El Vaticano dijo que su jefe de policía, Domenico Giani, de 57 años, no asumió su responsabilidad por la filtración pero renunció para no interrumpir la investigación y “por amor a la Iglesia y lealtad” al papa.
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Todavía no se conoce la identidad de persona que filtró el documento policial al semanario italiano L’Espresso, lo cual suma un aura de misterio al caso. En dicho documento se identificó a cinco empleados que fueron suspendidos como parte de una investigación financiera.
Giani, quien trabaja para los servicios de seguridad del Vaticano desde hace 20 años, ha resguardado a Francisco trotando al lado de su papamóvil durante cientos de eventos públicos y viajes por el mundo. También fue jefe de guardaespaldas de Benedicto XVI, y el Vaticano resaltó su “incuestionable fe y lealtad” a la Santa Sede.
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Giani firmó el volante policial del 2 de octubre luego que sus agentes catearon dos oficinas del Vaticano (la secretaría de estado y la unidad de inteligencia financiera) como parte de una investigación sobre presuntas irregularidades financieras que tienen que ver con un acuerdo de bienes raíces realizado en Londres donde se perdió dinero.
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Los cateos y suspensiones relacionados eran bastante inusuales para el Vaticano y desataron nuevas especulaciones sobre su maquiavélicas peleas territoriales, luchas de poder y ajustes de cuentas.
El caso ha implicado a cardenales de alto rango del Vaticano y trae a la memoria dos casos previos de filtraciones que resultaron en juicios en la Santa Sede y acapararon los titulares noticiosos.
En un caso, funcionarios hablaron abiertamente de una crisis institucional, especialmente por la redada de la unidad de inteligencia financiera, conocida como la Autoridad de Información Financiera. Esta oficina comparte información con contrapartes en docenas de países como parte de una labor global para combatir el lavado de dinero, la evasión fiscal y el terrorismo financiero.
