La gobernadora Wanda Vázquez Garced alegó el miércoles que no hubo violación a la Libertad de Prensa, cuando fungía como secretaria del Departamento de Justicia y mediante orden judicial lograron acceso a información de tres medios universitarios.
“Si ustedes recuerdan, con relación a este tipo de intervención, como parte de las investigaciones del Departamento de Justicia, la fiscal Olga Castellón estableció unas directrices (de) que no se va a intervenir con miembros de la prensa y con su función. Y que se va a respetar y salvaguardar ese derecho de la prensa a obtener información.
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Cualquier solicitud, ya sea mediante ‘supoena’ o mediante cualquier requerimiento, porque algún periodista haya participado de un evento, va a ser examinado por la jefa de fiscales directamente. Para que nosotros podamos salvaguardar los derechos de la prensa, la confidencialidad de sus fuentes y el trabajo periodístico. De igual manera, los directores de prensa en las diferentes citaciones con los periodistas directamente. No se va a intervenir con ellos, cualquier situación que ocurra de esta naturaleza, tiene que ser examinada la petición por la jefa de fiscales”, dijo la gobernadora a preguntas de la prensa.
Según Vázquez Garced, luego de que la jefa de fiscales, Olga Castellón evalúa la información, recurre al Tribunal para que sea un juez el que valide la orden de registro.
“Es el tribunal quien en última instancia toma la determinación. Nosotros tenemos un deber de esclarecer los delitos. Aquella persona que tenga información- porque las personas perjudicadas quieren que los delitos se esclarezcan-si como parte de esa investigación, la información solamente la tiene una persona en particular, como la puede tener un medio, el procedimiento es no de manera arbitraria e interferir con el medio, con el periodista. Vamos a hacerlo conforme al orden constitucional, le hacemos la solicitud al tribunal y el tribunal al final del camino va a hacer el juicio, la evaluación de si procede hacer esa petición o no. Si el tribunal la otorgó quiere decir que estábamos en derecho, tenemos acceso a esa información y eso obviamente paso el juicio de un tribunal”, sostuvo.
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“¿Eso no viola el derecho a la libertad de prensa?”, se le preguntó.
“No, no puedo entrar en las interioridades de ese caso, porque no tengo a la mano los fundamentos que se hicieron. Lo que sí puedo decir es que si la fiscalía solicitó el desglose de esa información y el tribunal paso juicio sobre os fundamentos de la fiscalía y sobre los fundamentos de la defensa, el tribunal ordeno la orden de registro de allanamiento, en derecho procede la orden”, contestó.
La reacción de la gobernadora tiene que ver con informes de prensa que apuntan a que en mayo de 2017, el Departamento de Justicia obtuvo permiso judicial para acceder a información referente a la huelga estudiantil de la cuenta de Facebook del medio universitario Pulso Estudiantil.
También, lograron acceso a las cuentas de Facebook del periódico Dialogo UPR y Centro de Comunicación Estudiantil. Supuestamente, el propósito era “establecer la identidad, control de la cuenta y sus usuarios”.
Parte de esa información se utilizó, por ejemplo, en el caso que se llevó contra varios estudiantes que irrumpieron en una reunión de la Junta de Gobierno de la UPR, el 27 de abril de 2017. En ese incidente los que entraron al salón donde estaba reunida la Junta de Gobierno y la entonces presidenta, Nivia Fernández Hernández, para que se firmara un compromiso contra los propuestos recortes a la institución universitaria.
