Organización de narcotráfico en Ponce copiaba etiquetas de medicamentos para esconder la droga

Golpeaban a los residentes que no seguían las reglas

Por Cybernews

Un Gran Jurado federal emitió acusaciones contra 50 individuos que operaban organizaciones de narcotráfico en los residenciales públicos José Gándara y Hogares de Portugués en Ponce.

“16 de los acusados enfrentan un cargo de posesión de armas de fuego durante la comisión de un delito de narcotráfico. Como parte de la conspiración, estas gangas realizaban reuniones para discutir las actividades de la organización. Estos tenían acceso a diferentes vehículos para transportar dinero, narcóticos y armas de fuego”, dijo la fiscal federal, Rosa Emilia Rodríguez Vélez en conferencia de prensa.

“Interesantemente, creaban etiquetas para identificar las sustancias controladas como recetadas. Con el fin de engañar a las autoridades tratando de hacerles creer que la sustancia controlada estaba autorizada para tratar condiciones médicas reales. Por ejemplo, la marihuana la empacaban en frascos con etiquetas especiales, para que las autoridades pensaran que era cannabis medicinal”, añadió.

La fiscal federal auxiliar Miriam Fernández González explicó que esta organización también hacían pasar como medicamentos recetados otras drogas que supuestamente distribuían. Se les atribuye la distribución de heroína, crack, marihuana y cocaína.

“Los líderes tenían también la aprobación final en cuanto a la acción disciplinaria que se impondría, tanto a los residentes de los residenciales donde operaban como a los miembros de la conspiración si desobedecían las reglas de la organización. Estamos hablando de personas decentes que vivían en esos residenciales y también a ellos los penalizaban”, expresó la fiscal Rodríguez Vélez. Se dijo que los castigos eran palizas.

Algunos de los puntos de drogas se ubicaban en las escaleras de los edificios residenciales. Supuestamente, la organización cerraba con candado los portones de ambos complejos de vivienda pública, para evitar que las autoridades lograran acceso. Asimismo, utilizaban unos cubos caseros que funcionaban como estaciones de descarga, para probar constantemente sus armas de fuego y esconder el ruido de las detonaciones.

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De ser hallados culpables, los acusados enfrentan penas de entre 10 años a vida en prisión.

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