Pese a que se acerca la prohibición del Congreso de Estados Unidos a las peleas de gallos, el liderato de esta industria se resiste a mostrar una bandera blanca. Asimismo, rechazan que la joven ley que permite las apuestas deportivas se traduzca en la sustitución de esta actividad.
Orlando Vargas, presidente del Club Gallístico de Puerto Rico, confía en que mediante la vía judicial se les restituya la legalidad de las peleas de gallos en la isla. “Nosotros tenemos un caso en contra del Congreso de los Estados Unidos y esperamos salir airosos en el mismo. Yo no estoy partiendo ni puedo partir de la premisa de que no van a existir las galleras o que el deporte de los gallos no va a existir”, sostuvo el líder en entrevista con Metro, quien además dijo que están dispuestos a ir hasta el Tribunal Supremo federal para cuestionar la ley 115-334, también conocida como el Farm Bill.
Indicó que el caso está ante el juez federal Gustavo Gelpí, y el Gobierno federal tiene hasta el 18 de octubre para presentar su alegato en contra de la demanda.
De otra parte, Vargas aseguró que la Ley 81 de 2019 —que permite las apuestas deportivas en hoteles, casinos y galleras— tan solo significa un ingreso adicional para la actividad del pico y las espuelas. Agregó que un estudio que comisionó la entidad que dirige concluyó que la industria gallera inyecta cerca de $65 millones anuales a la economía del país.
“Nosotros defendimos esa medida [la ley de apuestas deportivas] en su momento porque se tenía que utilizar un establecimiento para poder apostar en los otros deportes. Basado en eso… claro que la aprobamos, si nos están dando 10 años de licencia gratis”, señaló. En su artículo 3.5, la ley exime a las galleras del pago de licencias y operación para las apuestas deportivas.
Mientras, desde el domingo, Metro ha intentado sin éxito entrevistar al secretario del Departamento de Desarrollo Económico, Manuel Laboy, para que responda preguntas concretas sobre las apuestas deportivas en la isla.