Aunque el Gobierno de Puerto Rico ya encamina los trámites para la compraventa o el arrendamiento de unos 275 planteles escolares declarados en desuso, al momento desconoce la totalidad de las escuelas cerradas que no cumplen con ningún propósito formal.
Entre 2017 y 2018, coincidiendo con el cierre de escuelas que propulsó la exsecretaria de Educación Julia Keleher, se declararon 365 planteles en desuso. Sin embargo, en casi tres años, la presente administración no ha realizado un inventario de las escuelas que ya contaban con esa designación previamente.
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Ayer, en una conferencia de prensa en La Fortaleza, luego de una reunión del subcomité evaluador del traspaso de planteles en desuso, el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Carlos Contreras, atribuyó la falta de información a que, en el pasado, el Departamento de Educación fallaba en notificarle a la agencia que dirige, sobre aquellas instalaciones que ya no necesitaba.
El DTOP es la agencia encargada de administrar las instalaciones gubernamentales que son declaradas en desuso.
“El problema es que anteriormente, antes de este cuatrienio, no se hacía la declaración en desuso, el Departamento de Educación no necesariamente lo notificaba al DTOP. Así que a nosotros no nos levantaba la bandera. También había transferencias que se les hacían a municipios y no llegaba (la notificación). Entonces tenemos un problema de poder identificar cuáles escuelas, anteriores a este cuatrienio, están en desuso oficialmente y cuáles fueron transferidas”, planteó Contreras.
La asesora en infraestructura de Fortaleza, María Palou, quien rechazó adjudicar “culpa” ante el desconocimiento, informó que la gobernadora Wanda Vázquez dio la orden de comenzar “con premura” el inventario de planteles inutilizados, pero no pudo precisar para cuándo esperan completar la lista, y rechazó ofrecer algún estimado preliminar.
Detalló que se han vendido un total de nueve planteles, al tiempo que el subcomité recomendó que se analizaran las peticiones de compraventa de otros 111 y que 164 fueran arrendadas a organizaciones sin fines de lucro por un año al costo nominal de $1.
