Con el apoyo de legisladores de otros partidos, el representante independiente Manuel Natal Albelo sugirió ayer que se cancelen los acuerdos que la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) mantiene con el desarrollador Eduardo Nevares Chaulón, a cargo del proyecto de viviendas ViewPoint at Roosevelt con su firma Nevares & Villavicencio Construction Group.
Este es el primer y hasta ahora único proyecto catalogado como “crítico” por la Junta de Control Fiscal (JCF), a pesar de que el proyecto lleva 15 años en terrenos públicos sin mostrar avances y lucrándose del espacio, violando así su contrato, según concluyó un informe de la Comisión de Desarrollo de la Ciudad Capital y Asuntos de la Juventud, presidida por Eddie Charbonier Chinea.
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“Con el tracto de conducta irregular o conducta que se aparta de lo que es la sana contratación con el Gobierno, yo creo que la ACT debe hacer como hicieron bajo la administración de [Luis] Fortuño, que le cancelaron el contrato y le ordenó que desalojaran la propiedad”, coincidió Charbonier Chinea.
“Si ese contrato sigue vigente, se les está faltando el respeto a los puertorriqueños”, dijo también la representante María Milagros “Tata” Charbonier.
El contrato inicial era de $4.6 millones que el desarrollador no depositó, además de la renta de otro lote cuya mensualidad se redujo de $15,000 a $1,500 porque, según Nevares Chaulón, tuvo que invertir en estudios de suelo y otros procesos en el terreno.
Sin embargo, el informe detalla que el contrato suscrito por ACT no autorizaba compensación por gastos reclamados.
El representante independentista Denis Márquez resumió los hallazgos de esta manera: “Años de esconder todo lo que pasaba con estos terrenos, con las subcontrataciones ilegales que surgen del informe, la ausencia de pagos, los beneficios económicos de los que el erario no se ha beneficiado”.
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El proyecto ha sobrevivido cinco administraciones, y solo una intentó ponerle un detente: bajo la gobernación de Luis Fortuño.
Natal Albelo también sugirió que se le prohíba al excomisionado residente Pedro Pierluisi cabildear en la Cámara de Representantes, puesto que el ex comisionado residente, y por unos días gobernador, acudió a las oficinas del presidente cameral Carlos “Johnny” Méndez, con el supuesto fin de detener la investigación.
El licenciado Pierluisi representó a la JCF como parte del bufete O’Neill & Borges a la misma vez que cabildeó por ViewPoint como abogado de Nevares Chaulón. Hasta el momento, no hay medida alguna al respecto.
Por otra parte, el municipio de San Juan aclaró en una comunicación escrita al presidente de la comisión cameral que el desarrollador no ha entregado documentos requeridos para desembolsarle fondos federales que le aprobaron a través del Departamento de Vivienda. La falta del desembolso fue una queja que había expresado el desarrollador.
“Luego de un análisis riguroso de los expedientes del municipio, no se desprende haber recibido la documentación requerida por ley para proceder con la firma legal del contrato vinculante entre las partes”, explica la misiva firmada por el asesor legal del municipio, Héctor Rivera Nazario.
