A un poco más de un mes, de la revelación del chat de Telegram que culminó con la gobernación de Ricardo Rosselló, poco se conoce sobre los pasos que han seguido los participantes del intercambio de comunicaciones que estremeció a la Isla.
De los 12 participantes del chat, aún dos permanecen en el Gobierno. Los demás renunciaron, mantienen un bajo perfil o salieron del país. Por ejemplo, Rosselló, tras la efectividad de su renuncia, viajó a Estados Unidos y allá mantiene escoltas pagadas con fondos públicos, que le asignó su sucesor Pedro Pierluisi. La actual gobernadora, Wanda Vázquez, indicó que, al culminar los 30 días concedidos, se le retiraría la seguridad.
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Otro de los integrantes del chat de Telegram, Carlos Bermúdez, exestratega de Comunicaciones de La Fortaleza, aseguró que ya no tiene ni un solo contrato con el Gobierno. El exasesor terminó su relación contractual con las agencias el 13 de julio, tras la revelación del chat. Sin embargo, el portal de la Oficina del Contralor reflejaba que mantenía un contrato para brindar servicios de publicidad a la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias. Bermúdez, no obstante, indicó a Metro que ordenó la cancelación de dicho acuerdo.
“No tengo contrato alguno con el Gobierno. Ese contrato se canceló inmediatamente”, sostuvo mediante declaraciones escritas. El oficial de prensa del Departamento de Agricultura, Waldo Díaz, confirmó que el contrato finalizó y que están en proceso de presentar la cancelación a la Oficina del Contralor. Sin embargo, al cierre de esta edición no pudo precisar la fecha en que se canceló.
Por su parte, el exasesor legal del gobernador Alfonso Orona y el exsecretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario, laboran como abogados para la empresa Scott Favre Public Adjusters, de acuerdo con un reportaje del programa Jay y sus rayos x. Metro se comunicó con Rosario para confirmar sus labores con la empresa, pero declinó hacer comentarios. Indicó, además, que no tiene contratos con el Gobierno. También rechazó hacer comentarios sobre la investigación del Departamento de Justicia (DJ). Orona no contestó las llamadas de este medio.
La empresa de ajustadores públicos ha sido cuestionada por supuestas reclamaciones infladas, según ha trascendido.
Mientras, el cabildero Elías Sánchez y el publicista Edwin Miranda presentaron la semana pasadas mociones ante el Tribunal de Primera Instancia para negarse a entregar sus respectivos celulares, como parte de la investigación del DJ. Ambos invocaron su derecho a la no autoincriminación para evitar la entrega de sus dispositivos. Los contratos de KOI, firma presidida por Miranda, fueron cancelados. No se ha informado a qué agencias de publicidad pasarán las cuentas del Gobierno. Sánchez, por su parte ha sido señalado como objeto de investigaciones. Este ha negado en expresiones escritas cualquier irregularidad, al tiempo que ha amenazado con tomar acciones legales contra algunos medios.
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De otra parte, a pesar de varios intentos de contactar a Luis Rivera Marín y a Christian Sobrino, no fue posible conseguirlos. Sobrino, incluso, cambió su número de celular.
En el caso de Raúl Maldonado, al día de hoy, el DJ no le ha devuelto su celular, según confirmó a Metro su abogada Mayra López Mulero. La dependencia gubernamental mantiene el celular del exsecretario de Hacienda desde el pasado 23 de julio. López Mulero comentó a este medio que recibió una comunicación de Olga Castellón, jefa de fiscales del DJ, en la que le indicó que no le estaría entregando el dispositivo.
Metro se comunicó con el personal de prensa del DJ para una reacción, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.
Ayer, López Mulero acudió con Maldonado a la Oficina de Ética Gubernamental, según dijo a Telenoticias para plantear dudas sobre el informe financiero que su cliente tendría que rendir.
Los únicos funcionarios participantes del chat de Telegram que aún permanecen en el Gobierno son Ricardo Llerandi y Anthony Maceira. Ambos renunciaron a sus puestos en La Fortaleza, pero siguen dirigiendo las agencias de la Compañía de Comercio y Exportación y la Autoridad de Puertos, respectivamente. En días recientes, la gobernadora declaró que todos los jefes de agencia están bajo evaluación.
En el chat se hicieron comentarios homofóbicos y misóginos, se conspiró contra distintas personas y se discutió información privilegiada en presencia de cabilderos.
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